Por Alfredo Guevara
Por tratarse de un delito, cuya incidencia registra un incremento en Tamaulipas, la reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia en el Estado (FGJE), permitirá combatir la extorsión y sancionar con más severidad a quien cometa ese tipo de ilícito.
Y es que, toda aquella persona que cometa un delito de esa naturaleza, la pena que puede alcanzar de acuerdo a la Ley, representa un periodo de 15 a 25 años de prisión, dependiendo de la modalidad en que cometa la extorsión, estableció Rómulo Pérez Sánchez, subsecretario de Enlace Legislativo en el Gobierno del Estado.
Reveló que como parte de la Estrategia Integral para Fortalecer la Persecución de Delitos de Alto Impacto en Tamaulipas, el pleno del Congreso local aprobó la reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia para crear la Unidad Especializada contra la Extorsión.
La Unidad tendrá entre sus responsabilidades apremiantes, investigar y perseguir el delito de extorsión conforme a la Ley General, al estar integrada por Ministerios Públicos, policías, analistas y peritos que serán debidamente capacitados y certificados.
Lo que se pretende con la creación de la Unidad Especializada Contra el delito de Extorsión, lo que se pretende es devolver el control al Estado para que ningún ciudadano tenga que vivir con miedo, toda vez que hasta octubre del presente año, se habían acumulado 108 denuncias penales por el delito de extorsión.
Pérez supo reconocer que el delito de extorsión en Tamaulipas aumentó durante el presente año, pues se abrieron más carpetas de investigación con relación a las integradas en el 2024, cuando se contabilizaron 78.
Y es que, de acuerdo a las estadísticas que maneja el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp) el delito de extorsión aumentó 38.4 por ciento en 2025, comparado con el año inmediato anterior.
Por ello, la reforma a la Ley Orgánica de la FGJE, que da vida a la Unidad Especializada, promovida por el gobernador Américo Villarreal Anaya, busca cerrar el paso a la impunidad y reforzar la confianza ciudadana en las instituciones de procuración de justicia.