Por Alfredo Guevara
El resultado del Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal y Estatal 2024, evidenció el bajo nivel de productividad que tienen jueces y magistrados del Poder Judicial del Estado (PJE), comparativamente con otras entidades del país.
En contraparte, aun cuando entidades como Coahuila, Nuevo León y Chihuahua pudieran ejercer un mayor presupuesto que Tamaulipas, que en el 2023 fue por encima de los 991 millones de pesos, el costo promedio de cada sentencia en el Estado es más elevado, en otras palabras, la impartición de justicia en esta entidad es más cara.
El informe que arroja el Censo, indica entre otras cosas la emisión de 14 mil 468 sentencias condenatorias, sancionatorias, absolutorias y mixtas a lo largo del año pasado por parte de jueces y magistrados de Tamaulipas.
Las cifras contrastan con el nivel de productividad de otras entidades del país, porque las que arroja el Poder Judicial del Estado en Tamaulipas son por debajo de los poderes judiciales de entidades como Nuevo León, Coahuila, Chihuahua y Durango.
Y es que, de las 14 mil 468 sentencias de la entidad, no tienen punto de comparación con las cifras de estados como Nuevo León con 59 mil 424, Coahuila 18 mil 94, Chihuahua 25 mil 869 y Durango en 14 mil 676, que de una u otra manera, forman parte del noreste del país.
A lo largo del año pasado, el Poder Judicial del Estado ejerció un presupuesto por encima de los 991 millones de pesos, que en base al número de sentencias condenatorias, sancionatorias, absolutorias y mixtas, se traduce en un costo de 68 mil 502 pesos con 90 centavos por cada una de las sentencias emitidas, evidenciando una impartición de justicia cara y con baja productividad en cuanto al número de asuntos resueltos.
De acuerdo al informe, los principales delitos por los que el Poder Judicial del Estado inició un expediente tienen que ver con la violencia familiar, seguido de robos, delitos que tienen que ver con la salud al estar vinculados con narcóticos, lesiones, daño a la propiedad, homicidio, por hechos de corrupción, amenazas, fraude e incumplimiento de obligaciones familiares.
Tan solo diez mil 161 sentencias se emitieron en materia familiar, tres mil 854 en lo civil y 453 de lo penal, aunque no en todos hubo personas detenidas.