Por Alfredo Guevara
El Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam), necesitará de una ampliación de entre 70 y 90 millones de pesos, adicionales al presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2025, para realizar la elección de jueces y magistrados del Poder Judicial del Estado (PJE).
El presidente del Instituto Juan José Ramos Charre adelantó que el proyecto de acuerdo, que contempla la solicitud de ampliación al presupuesto, para ser entregado a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, será presentado para su eventual aprobación, a los integrantes del Consejo General.
Lo primero que se tiene que realizar, es sesionar como consejo general con el objeto de presentar tres acuerdos importantes que tienen que ver con el ajuste al presupuesto del Instituto para el ejercicio fiscal 2025, a los 586 millones de pesos que aprobó el Congreso local.
“Vamos a someter a los integrantes del Consejo la aprobación del financiamiento público que corresponde a los partidos políticos para este año, por el orden de los 213 millones de pesos como también, los límites para el financiamiento privado”, explicó.
Con la aprobación del ajuste al presupuesto del Instituto, se va a definir cuál es el gasto operativo de la institución, el monto del financiamiento público (213 millones de pesos) y además, el recurso que se estará destinando de inicio al proceso electoral extraordinario, que se estima, andará entre los 180 y 190 millones de pesos.
“Si, se va a considerar en el proyecto de acuerdo que se circulará este lunes a los integrantes del Consejo General la posibilidad de que autorice, se soliciten ampliaciones presupuestales como lo estableció el Congreso local en el decreto por el que convoca a la elección extraordinaria judicial, a la Secretaría de Finanzas”, citó.
El importe de la ampliación no se cuenta, toda vez que depende de la aprobación que se haga este martes, aunque estimó que rondará entre los 70 o 90 millones de pesos, sostuvo.
Confiamos en que las elecciones, particularmente la del Poder Judicial, es una función del Estado, un compromiso de los poderes públicos que esta elección fluya con normalidad, se desarrolle sin contratiempo alguno y los electores en general puedan participar el uno de junio, eligiendo las magistraturas como juezas y jueces a través de su voto.