Por Alfredo Guevara
La Contraloría del Estado formalizará convenios de colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE), Comisión Nacional Bancaria (CNB), Catastro y otras instituciones, para la implementación del sistema de investigación y evaluación patrimonial de servidores públicos.
Entre las variables a revisar se encuentran los activos, bienes inmuebles, cuentas bancarias, inversiones, vehículos y otros del servidor público, su cónyuge y dependientes económicos, además de deudas y obligaciones financieras, adelantó la titular de la Contraloría Norma Angélica Pedraza Melo.
Con el sistema de evolución, también se tomará en cuenta adquisiciones, ventas y variaciones de valor, orígenes del fondo, ingreso del servidor público, su gasto, si hay donaciones o herencias, que, dependiendo del tipo de hallazgo, se turnará a la UIFE, Comisión Nacional Bancaria o Catastro para verificar rutas de información financiera.
Informó que la Contraloría trabaja en la integración de una base de datos con información que se concentró en un principio al programa declaratam, para atraerla e incorporar a la nueva plataforma declaranet a efecto de estar en condiciones de implementar el sistema de investigación y evolución patrimonial del servidor público.
“Estamos trabajando en cómo migrar esa información, que no es sencilla y que incluso va a requerir trabajo muy mecánico, que va a ser capturar, a lo mejor, toda la información para poder traérnosla al nuevo sistema, que se complementan declaraciones patrimoniales y el Sistema Integral de Evolución Patrimonial ”, explicó.
Pedraza Melo estableció que al contar con una base de datos, toda vez que se requiere de ejercicios anteriores para poder analizar el comportamiento del patrimonio de un funcionario o servidor público, en una primera fase la investigación abarcará a quienes presentaron la declaración patrimonial completa, es desde, desde jefes de departamento, directores, directores generales, subsecretarios, secretarios y el nivel más alto, además de puestos sensibles y en una segunda etapa, el resto de los trabajadores.
Por tratarse de un número elevado de servidores públicos, sólo se tomaría una muestra representativa y probabilística, de aquellos funcionarios que presentaron la declaración patrimonial completa como de la simplificada.