Por Alfredo Guevara
Además de contaminar la equidad de la competencia, reducir el monto de las prerrogativas que le corresponden a cada partido político, como se plantea en la eventual reforma electoral, representaría un riesgo, porque daría paso al ingreso de recursos de procedencia ilícita.
Y aunque el sistema electoral no está exento de ello, las autoridades de fiscalización revisan exhaustivamente las fuentes de ingresos de los partidos políticos y por supuesto, cuando se detectan estas conductas tiene que sancionarse, expresó Juan José Ramos Charre presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam).
Declaró que el financiamiento público que reciben los partidos políticos de acuerdo a la Ley, garantiza un piso parejo en la competencia electoral, para que candidatas y quienes aspiren a un cargo de elección popular, cuenten con los recursos para poder, en su oportunidad, llegar a la ciudadanía a plantear sus propuestas.
“Los partidos políticos como entidades de interés público tienen derecho a gozar de un conjunto de prerrogativas, no solo de financiamiento público, sino también de prerrogativas, además de que corresponde soberanamente al poder legislativo, también tiene que pensarse en términos de las condiciones de que hay en la competencia electoral”, sostuvo.
No obstante, el modelo siempre está en revisión y si bien, hay maneras de poder, si no eliminarlo por completo, sí hacer un replanteamiento que esté en sintonía con las exigencias de la ciudadanía, de una democracia mucho más austera, mucho menos costosa, añadió.
Reducir el presupuesto o las prerrogativas que reciben los diferentes partidos políticos, abriría la puerta para que se corrompan y buscar recursos de otras fuentes, con el objeto de financiar campañas políticas en el desarrollo de una elección, apuntó.
“Ese sería evidentemente uno de los riesgos, por supuesto que la falta de recursos, al no existir un financiamiento público genere fuentes no permitidas hoy en la ley, para que en este caso se contamine la equidad de la competencia y también el que grupos de intereses afecten el desarrollo normal de la contingencia electoral”, citó.
Sí es un riesgo que eventualmente puede correrse, no que actualmente el sistema esté exento de ello, porque las autoridades de fiscalización revisan exhaustivamente las fuentes de ingresos de los partidos políticos y por supuesto cuando se detectan estas conductas tiene que sancionarse, concluyó.