Por: Arnoldo García
Alrededor de 800 expedientes del sistema penal tradicional serán reactivados tras de una revisión en la cual se descubrió que las ordenes de aprehensión estaban suspendidas o de alguna manera no habían sido ejecutadas.
La magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Tania Gisela Contreras López, reveló que se trata de delitos como secuestro, homicidio doloso y otros delitos graves los cuales no prescriben.
Informó que se trabaja con la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas sobre la revisión de dichos expedientes a fin de tomar las medidas y se reactiven estos procedimientos de índole administrativo para poder continuar con el proceso.
Al respecto, reiteró que el propósito de la revisión es no exista impunidad en esos asuntos que son delitos graves los cuales tienen más de 15 años.
Así se pretende se expidan ordenes de aprehensión y se ejecuten las suspendidas.
No descarto que resultado de la revisión de esos expedientes algunos exjueces pudieran ser requeridos para explicar y sostener su resolución.
Es así que con la Fiscalía General de Justicia del Estado se revisan 800 expedientes del sistema penal tradicional de un total de tres mil los cuales se encontraban archivados, luego de establecer cuales han prescrito y cuales es posible reactivar.
Cuestionada sobre si se trataba de corrupción por omisión, un manejo sospechoso de los expedientes, la magistrada Contreras López comentó que ante las denunciadas ciudadanas recibidas sobre actos de impunidad así como los expedientes archivados es que se procedió a la revisión de los tres mil expedientes del sistema penal tradicional archivados y disponiendo la reactivación de 800.
Reiteró que el propósito es abatir el rezago archivado, pero sobre todo el abatir la impunidad en delitos graves como homicidio doloso, secuestro y otros los cuales no prescriben.
Por otra parte, ante el incremento de los asuntos de carácter familiar la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia formuló un exhortó a los padres que se encuentran en un proceso de separación y necesitan establecer reglas de convivencia para con sus menores recurrir a los centros de mediación del Poder Judicial del Estado, para proteger a los menores en todos los aspectos.
En ese sentido insistió que los centros de mediación con los cuales cuenta el PJT brindan la oportunidad de un espacio de convivencia, en el cual pueden llegar acuerdos, dialogo y a consensos