Por: Arnoldo García
La Comisión Especial del Congreso ordeno a la Auditoría Superior del Estado la reapertura de las cuentas públicas de la pasada administración pública estatal de los ejercicios 2017 y 2018, luego de la presentación de denuncias sobre pagos a empresas de los hermanos Carmona Angulo.
Los miembros de la Comisión estableció que la auditoria a las cuentas de la secretaría de Salud fue superficial y no sujeto a la normatividad de los procedimientos de auditorias contables.
El pasado mes de agosto la secretaría de Salud del Estado presento denuncias ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción luego de que se encontraron diversos pagos a empresas de los hermanos Carmona Angulo, en los años 2017 y 2018.
En ese sentido, la Comisión Especial solicitó al titular de la ASE, Francisco Antonio Noriega Orozco, informara si la Auditoría Superior del Estado conoció de las 14 denuncias penales por presuntos actos de corrupción en la Secretaría de Salud y si existen observaciones, hallazgos o procedimientos en curso relacionados con las cuentas públicas vinculadas a dichas denuncias, así como su estatus actual.
Por oficio, la Auditoría Superior confirmó tener conocimiento de 8 de las 14 denuncias, recibidas el 3 de septiembre próximo pasado y turnadas a la Auditoría Especial de Seguimiento, donde tras revisión de archivos físicos y digitales, se concluyó que los hechos denunciados no tienen vínculo directo con las observaciones derivadas de las auditorías ordinarias practicadas sobre ese periodo, estando por determinar si se relacionan con recursos fiscalizables.
Durante la reunión de la Comisión , el diputado Víctor Manuel García Fuentes destacó que la fiscalización a las cuentas 2017-2018, del Organismo Público Descentralizado de Servicios de Salud de Tamaulipas, fue limitada y superficial, señalando como posible causa una falta de independencia del entonces Auditor Superior, Jorge Espino Ascanio, quien mantenía una relación cercana con el gobernador en turno.
Ante ello, propuso que la Comisión impulse una revisión extraordinaria de las cuentas públicas 2017-2018, con base en la Constitución Política del Estado y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, para hacer una investigación integral que subsane las deficiencias anteriores, detecte irregularidades no observadas en su momento, e integre expedientes que refuercen las denuncias ya presentadas.