Por: Arnoldo García
* Impondrán condena de hasta siete años de prisión al proporcionar información falsa en asuntos de menores
El Supremo Tribunal de Justicia del Estado propuso una iniciativa de reforma al Código de Penal para sancionar hasta con siete años de prisión a quienes falseen en información en casos en los cuales se involucren los derechos de menores, además de que se eleva la multa económica.
En su sesión de hoy el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia acordó remitir al Congreso del Estado una iniciativa de reforma al Código Penal para imponer sanciones más severas a quienes falseen información ante las autoridades judiciales, especialmente cuando estos actos inciden directamente en los derechos de niñas, niños y adolescentes, al detectarse casos en los cuales se ha proporcionado información falsa y únicamente retrasan la resolución de los expedientes.
Actualmente se castiga con seis meses de cárcel el dar información falsa a jueces y magistrados por parte de los abogados defensores, pero con la reforma la sanción mínima será de tres años de prisión y máxima de seis años, además de que se incrementa la multa.
La presidenta del STJE, magistrada Tania Gisela Contreras López mencionó que la propuesta surge tras la identificación de casos donde la “buena fe del juez es sorprendida” por datos falsos proporcionados por padres, familiares o, en particular, por abogados defensores, lo cual únicamente retrasa la resolución de los expedientes.
Además de la prisión y multa para los abogados que aporten información falsa la iniciativa contempla la iniciativa de reforma al Código Penal propone la suspensión del ejercicio de la profesión para los abogados.
La magistrada Contreras López comentó que ya se han identificado dos casos en el sur del estado donde se ha actuado en consecuencia. A partir de la actividad del Tribunal de Disciplina, se ha dado vista a la Fiscalía General de Justicia del Estado para que proceda legalmente contra quienes suministraron información falsa.
Mentir en el ejercicio legal no es solo una falta ética, sino un delito con consecuencias penales graves, reiteró.
Además, aseguró que el Colegio de Abogados respalda la iniciativa y reconoce la necesidad de mayor exigencia social.
La iniciativa fue remitida al Congreso del Estado y se espera sea dictaminada y votada antes de que concluya el periodo de sesiones de enero, tras su inicio el próximo 15 de enero.