Por Alfredo Guevara
Las oficinas de atención al público acaparan el mayor número de quejas y denuncias en lo que va de esta administración estatal, algunas de ellas por mal desempeño de los trabajadores, tardanza en los trámites y presuntos actos de corrupción en el ejercicio de sus funciones.
La titular de la Contraloría del Estado Norma Angélica Pedraza Melo confirmó que toda inconformidad o acusaciones contra servidores públicos se han atendido en tiempo y forma por el órgano interno de control, generando confianza entre la población.
Y es que, si bien al inicio de la administración estatal se tenía registro de 102 quejas y denuncias, a la fecha suman más de 600 las recibidas contra empleados de oficinas de atención al público, titulares de dependencias y organismos descentralizados, ayuntamientos y otras instancias.
De las 600 recibidas, consideró que alrededor de un 30 por ciento de ellas no son competencia de la Contraloría del Estado y por lo tanto, lo único que se hace es turnarla a la instancia que corresponda.
Comentó que la Contraloría ha trabajado para atender estas quejas y denuncias, y ha logrado mejorar el servicio en algunos municipios y organismos; sin embargo, “aún hay mucho trabajo por hacer para garantizar que los ciudadanos reciban el trato y el servicio que merecen.”
Destacó que de acuerdo a la última encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para evaluar el impacto y la calidad gubernamental, Tamaulipas ocupó la tercera posición, donde el usuario recibe un trato adecuado de las instancias de Gobierno, un cuarto lugar en los servicios que se ofrece en dependencias de la administración estatal y el primer sitio en la confianza que el ciudadano deposita en los gobiernos.
Por lo anterior, consideró importante seguir generando confianza entre la población, para que se pueda expresar y reciban un trato como un servicio adecuado en cada una de las dependencias y organismos descentralizados del Estado.
La mayor parte de las quejas y denuncias provienen de las oficinas fiscales, el registro civil y otras dependencias, donde se hacen llegar las inconformidades de manera anónima o bien, a través de buzones o mediante los mecanismos establecidos por la Contraloría.