Por Alfredo Guevara
La posible instalación de centros de votación para la elección extraordinaria de juzgadores del Poder Judicial de la Federación (PJF), como del Estado, reduciría un 50 por ciento los lugares en donde los ciudadanos podrán ejercer su derecho al voto.
Y es que, de las cuatro mil 952 casillas que se instalaron en la última elección concurrente en Tamaulipas en este 2024, sólo se instalaría un centro de votación por cada una de las poco más de dos mil secciones electorales con que cuenta la entidad, confirmó Juan José Ramos Charre.
El presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam), añadió que aun así, por cada centro de votación se atenderá a cuatro mil electores y en caso de ser necesario, en ese mismo lugar se habilitarían los necesarios para que el ciudadano participe en la elección de ministros, jueces y magistrados del PJF como del Estado.
“Lo anterior nos permitiría que la realidad nos lleve a un escenario en donde muy probablemente las presiones de gasto, es decir, recursos adicionales que se tengan que solicitar al Congreso, al Estado o al Ejecutivo,
ronden entre los 60 y los 90 millones de pesos, que es un importe muy similar a lo que este año se solicitó por el ajuste al presupuesto que se efectuó el año pasado para el Instituto”, explicó.
Ramos Charre recordó que la prioridad del Instituto, es que los recursos que se destinen a la organización del proceso extraordinario judicial, a realizarse el domingo uno de junio de 2025, tengan en el lugar que les corresponde sufragar, los elementos necesarios para elegir a las autoridades jurisdiccionales.
Sobre los cuestionamientos que han surgido, en torno al recurso que le destinará el Ietam a los partidos políticos en un año en el que no habrá elección de por medio, señaló que lo que se contempla en el presupuesto de egresos, es financiamiento público para gasto ordinario “no para gastos de campaña, porque efectivamente, no hay una contienda electoral”.
Hizo ver que el financiamiento público que recibirán los partidos políticos en el 2025, es para gasto ordinario, el cual lo contempla la ley, es irreductible, del que no se puede tomar y en el que se aplica una fórmula de distribución prevista en la Constitución, con la que se divide en 12 parcialidades en las que se traslada el recurso a los partidos políticos.