Por Alfredo Guevara
Un juez de distrito en Reynosa, ordenó reponer desde su origen un procedimiento en contra del ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, a quien la Contraloría del Estado le había impuesto como sanción, una inhabilitación por un año para desempeñar cargos en la administración pública.
La titular de la dependencia en la administración estatal Norma Angélica Pedraza Melo, indicó que la investigación administrativa que se abrió, como resultado de una presunta falta de incumplimiento normativo en el otorgamiento de las Fiat notariales, en la que no se cumplió toda la normatividad, hay varias personas implicadas.
Reveló que en el marco de las facultades y atribuciones que le confiere la Ley, la Contraloría emitió la inhabilitación, al incumplir la norma y ser reincidentes, tomándose en cuenta que fueron diferentes Fiat las que se otorgaron sin apego al proceso normativo en los últimos meses de la anterior administración estatal.
“Como Contraloría emitimos una inhabilitación; la persona en cuestión (el ex gobernador), acude a sus recursos e instancias para su defensa y así ha venido el proceso, en el que el juez emite una resolución a favor de la persona donde dice que se regrese al momento de las notificaciones, que es lo que cuestionan”, explicó.
Pedraza Melo consideró importante precisar que las autoridades de la Contraloría respetan la decisión del juez de distrito pero están en desacuerdo con esa resolución, de tal forma que la dependencia del Gobierno del Estado ha recurrido ha caminos legales para seguir trabajando en este como en otros casos, en los que ha impuesto como sanción una inhabilitación.
“Ellos cuestionan las notificaciones (los defensores de CDV), y la Ley ya prevé, cuando una persona no está o señala no estar en los domicilios o no se les localiza; la legislación contempla los mecanismos de notificación y las autoridades investigadoras y sustanciadoras de la Contraloría han sido muy cuidadosas del debido proceso”, señaló.
Sostuvo que los mecanismos de notificación a los que se ha recurrido, están en la Ley de Responsabilidades Administrativas y la legislación del Procedimiento Administrativo de lo Contencioso, “por eso es el desacuerdo con el juez, pero se respeta”.
Con la resolución del juez de distrito, la titular de la Contraloría admitió que el proceso de inhabilitación contra el ex gobernador se regresará a su inicio, aunque en el mismo procedimiento se está cuestionando la resolución por el lado jurídico y autoridad resolutora de la dependencia estatal.