Por Alfredo Guevara
El Consejo de la Judicatura a través de la visitaduría del Poder Judicial del Estado (PJE), ordenó iniciar una investigación exhaustiva y rigurosa en contra de dos jueces adscritos a la región de Reynosa, por su intervención en resoluciones judiciales penales relacionadas con el delito de extorsión.
El ordenamiento implica solicitar los informes respectivos a los jueces, analizar a profundidad el sentido de las resoluciones y determinar eventualmente si pudiera existir alguna responsabilidad de los servidores públicos, en asuntos que de por sí, son delicados, reveló Hernán de la Garza Tamez.
El presidente del Poder Judicial del Estado, dijo que lo anterior es en respuesta al exhorto que hiciera la diputación permanente del Congreso local al Consejo de la Judicatura, en un tema de extorsión de dos casos diferentes, donde los jueces liberaron mediante medidas cautelares diversas a la prisión preventiva a los imputados.
“Esto genera preocupación en las víctimas y en la sociedad que quiere sentir la seguridad del rigor de la ley a quien le corresponda, de tal suerte que el Consejo de la Judicatura inicio las investigaciones; tenemos conocimiento de estos casos, en lo particular he estado revisando, por supuesto, y sin el de prejuzgar porque esto se hará a su debido tiempo”, explicó.
Son dos procedimientos diferentes en los que, el primero de ellos, el juez Aldo René Rocha decreta prisión preventiva oficiosa para los imputados, como prisión preventiva para los cuatro imputados sustentada en tres elementos básicos.
“El primero, en el sentido de que consideró a las personas de alto riesgo, el segundo, que no tenían arraigo para efecto de mantenerlos en esta prisión preventiva y el tercero, por la naturaleza del delito, que es de alta penalidad”, añadió.
Sin embargo, los jueces de distrito, los jueces séptimos y la jueza octava de distrito, con residencia en Reynosa, concedieron a los imputados, en ambos casos, el amparo, para que los jueces prescindieran de mantener la prisión preventiva oficiosa, por considerarla inconvencional, de tal suerte que ordenaron a los jueces que quitaran la prisión preventiva oficiosa.
Hernán de la Garza consideró que la determinación de la actuación de los jueces, para saber si fue apegada a derecho o pudieron incurrir en alguna responsabilidad, podría llevar un par de semanas.