Por Alfredo Guevara
Además de los dos que ostentan cargos de diputados locales por el Partido Acción Nacional (PAN), es decir Gerardo Peña Flores y Patricia Saldívar, la Contraloría del Estado inhabilitó a cuatro ex servidores públicos de primer nivel en la anterior administración estatal.
La titular de la Contraloría del Estado Norma Angélica Pedraza Melo informó que derivado de los trabajos de auditoría y revisión, la dependencia ha sancionado a un promedio de 50 personas que ejercían un cargo en la administración estatal, de las que 40 fueron inhabilitadas y solamente a diez de ellas se les impuso una amonestación.
De los que en diferentes procesos han sido inhabilitados por la Contraloría, algunos de ellos han interpuesto recursos de defensa o bien, han acudido a otras instancias a las que tienen derecho, para no ser objeto de ese tipo de sanciones, como lo hicieron en su momento los que se ostentan como diputados locales del PAN en el Congreso local.
Sobre la posibilidad de que exista un conflicto de intereses entre la legisladora del PAN Patricia Saldívar y el magistrado Javier Castro Ormaechea, que de hecho no tiene fotografía a la vista en la galería de magistrados del Poder Judicial del Estado (PJE), consideró que el integrante de la judicatura debe conducirse en apego a los principios del debido proceso.
Recordó que la Contraloría del Estado de acuerdo a la Ley, impone sanciones consideradas como menores, y es el Tribunal de Justicia Administrativa el que las impone cuando se trata de faltas graves.
Por ello, las inhabilitaciones impuestas por la Contraloría a por lo menos 40 personas son consideradas como no graves.
Confirmó que la Contraloría ha realizado el trabajo que le corresponde al enviar al Tribunal de Justicia Administrativa algunos expedientes cometidos por servidores públicos de faltas consideradas como graves, entre las que se encuentran seis de funcionarios de primer nivel en la anterior administración, de las cuales en dos recurrieron a una suspensión.
Pedraza Melo aseguró que de una u otra forma la Contraloría ha cumplido con el trabajo que le corresponde, imponiendo sanciones a quienes se les ha comprobado presuntas irregularidades y confió en que el Tribunal de Justicia Administrativa esté realizando la parte que le corresponde y resolviendo cada caso conforme a la ley.