Por Alfredo Guevara

Aunque todavía nadie pisa la cárcel por presuntos delitos cometidos en el ejercicio de su función pública, la Contraloría del Estado inhabilitó por diez años y lo obligó a reintegrar alrededor de un millón 300 mil pesos a un ex funcionario de primer nivel de la anterior administración estatal.

La titular de la dependencia en el Gobierno del Estado Norma Angélica Pedraza Melo reveló que a la fecha suman 43 personas que han sido inhabilitadas para ejercer cargos en la administración pública por faltas consideradas como no graves, algunas de ellas que se desempeñaron como funcionarios de primer nivel.

De las investigaciones administrativas que competen a la Contraloría, indicó que además de las 43 inhabilitaciones por faltas no graves, hay 12 amonestaciones y se han turnado 16 expedientes al Tribunal de Justicia Administrativa por considerarlas como graves.

Además de ello, confirmó haber interpuesto cinco denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y dado vista de cinco casos a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), toda vez que el origen de los recursos es federal y se presume existen faltas administrativas.

En cuanto al número de denuncias interpuestas ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), citó que se trata de por lo menos 65 expedientes, por presuntos delitos que tienen que ver con el cohecho o peculado y otros.

“Cuando se presenta la denuncia ante la Fiscalía se presume una conducta delictiva, queda en manos de la autoridad investigadora los métodos, técnicas y herramientas que permitan integrar las carpetas de investigación”, aseveró.

Dijo que si bien la Contraloría del Estado estuvo en la mejor disposición de contribuir con la investigación de las denuncias, fue escasa la información que solicitara para complementar la indagatoria por parte del ex titular de la Fiscalía.

Confió que con la llegada de Jesús Eduardo Govea Orozco a la FECC se aplique al tema y judicialice carpetas que cumplan con los elementos necesarios para actuar contra los presuntos responsables. 

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