Por Alfredo Guevara / Arnoldo García
La Contraloría del Estado inhabilitó para ejercer nuevos cargos en el servicio público a 54 ex funcionarios de la anterior administración estatal, 33 de ellos por omitir la entrega de su declaración patrimonial de intereses por conclusión de su encargo, 21 de ellos de primer y segundo nivel (secretarios y subsecretarios).
De hecho, por mala actuación en su desempeño, en compras, arrendamientos, servicios, contrataciones y desapego fuera del principio legal y marco normativo, hay cinco denuncias interpuestas ante la Fiscalía General de la República (FGR) y 12 ante la Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), confirmó Norma Angélica Pedraza Melo.
La titular de la Contraloría, dijo que derivado de todas las investigaciones realizadas, el monto del daño cometido por la anterior administración estatal al erario público estatal, podría superar los 500 mil millones de pesos.
“Son varios los ex funcionarios que están implicados, donde, si son 17 expedientes, son 17 ex funcionarios y quien resulte responsable, de áreas como Contraloría, Economía, Obras Públicas, Educación, Salud, Finanzas, Secretaría General de Gobierno, del deporte”, entre otras.
Al presentar un informe de procedimientos administrativos realizados por la Contraloría al 25 de febrero de este año, reveló que se han recibido 849 quejas y denuncias, 651 contra el Poder Ejecutivo, 61 de otros poderes estatales, 118 en municipios y 19 de instancias federales, e iniciado tres mil 14 expedientes de presunta responsabilidad.
De esa cantidad, estableció que mil 19 corresponden a promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria que ya existían, y mil 995 abiertos resultado del proceso de entrega – recepción, por inconsistencias detectadas por titulares de dependencias, organismos, quejas, denuncias, resultados de auditorías internas y externas.
Apuntó que el 85 por ciento de las quejas y denuncias, son competencia de la Contraloría por considerarlas como faltas no graves, toda vez que la graves se turnan al Tribunal de Justicia Administrativa o Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Ante medios de comunicación, en sala de prensa de palacio de gobierno, apuntó que de acuerdo al número de expedientes radicados en investigación, tres mil 14, mil 283 corresponden al 2023.
INVOLUCRADOS EX FUNCIONARIOS DE NUEVE DEPENDENCIAS
La Contraloría Estatal denunció ante las Fiscalías General de la República y Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas a 17 exfuncionarios de la administración de Francisco García Cabeza de Vaca, en tanto que 21 exservidores de primer y segundo nivel fueron inhabilitados ante la serie de irregularidades en las cuales incurrieron.
Norma Angelica Pedraza Melo, titular de la Contraloría Estatal, dio una conferencia de prensa en la cual dio a conocer que se han instaurado un total de tres mil 014 expedientes de responsabilidad administrativas ante la presentación de quejas y denuncias.
Los 17 exservidores públicos denunciados ante las Fiscalías de la República y el Estado laboraban en las secretarías de Economía, Obras Públicas, Salud, Educación, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Administración, Instituto del Deporte y la propia Contraloría Estatal.
De los más de tres mil expedientes de responsabilidad administrativa han sido radicados 524 expedientes al encontrarse elementos de prueba de irregularidades de los cuales en 67 se han establecido sanciones. El resto se encuentran en curso de definirse la sanción.
Reveló que más de mil expedientes delitos graves prescribieron durante la pasada administración observándose que pese a las evidencias estos no tuvieron el debido curso, hubo lentitud en su tratamiento, por lo cual se han presentado denuncias e investigaciones en contra de quienes tuvieron la responsabilidad sobre tales expedientes.
La Contraloría ha turnado al Tribunal de Justicia Administrativa 24 expedientes por delitos graves inhabilitando apenas a cinco exservidores públicos.
Pedraza Melo cuestionó el desempeño del Tribunal de Justicia Administrativa ya que mientras en un expediente la Fiscalía logro una condena de tres años de cárcel, la recuperación de un millón 300 mil pesos, y 10 de inhabilitación para el inculpado el TJA sobre el mismo expediente no encontró nada.
Comentó que existen recursos de amparo y nulidad por lo cual algunas de las sanciones no han quedado en firme.
De las 83 personas sancionadas 54 han sido inhabilitados, 36 amonestados y tres suspendidos, de los cuales 37 fueron el pasado año.
Apuntó que como resultado de la serie de auditorías practicadas por la Contraloría en el proceso de entrega-recepción se observo un daño al erario por un monto superior a los 500 millones de pesos.