Por Alfredo Guevara
La incorporación del juicio electoral y la creación de los derechos político-electorales en el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas (TEET), permitirá nuevas reglas y medios de impugnación para los partidos como las personas que buscan participar activamente en la política.
El presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam), Juan José Ramos Charre, consideró como un acierto legislativo incorporar el juicio electoral en la Ley de Medios, porque establece el camino mediante el cual, las candidaturas pueden controvertir los actos de la autoridad.
Recordó que en el proceso electoral judicial extraordinario del 2025, se inició por parte del Ietam sin esa figura que se establece a partir de enero de este año en la última modificación, que representa un aspecto positivo porque hay una definición de cuál es el medio de impugnación a utilizar.
“Un nuevo medio de impugnación que busca particularmente atender las situaciones conflictivas que se presentan en los procesos electorales en donde se renueva el Poder Judicial del Estado”, indicó.
Otro aspecto no menos importante y que también ha sido atendido puntualmente por el Poder Legislativo, que sin duda dará buenos resultados en la lucha histórica por los derechos políticos electorales de la ciudadanía, particularmente las mujeres y los grupos históricamente discriminados, es la creación de la figura de la defensoría de los derechos político-electorales, consideró.
Destacó que en algún momento el Congreso local tuvo dos iniciativas respecto de la misma institución, “una para colocarla en el Instituto Electoral de Tamaulipas y la otra en el Tribunal Electoral del Estado, particularmente, la incorporación de la figura de los derechos político-electorales, creo que eso es positivo porque permite que esta institución de defensa, que bajo una figura de ombudsperson, pueda tener su personalidad reconocida”, expuso Ramos Charre.
Añadió que los procedimientos sancionadores, en los que se denuncia la violación de derechos político-electorales de las mujeres o bien de grupos históricamente discriminados, representará una manera de acercar la justicia a aquellas personas que pretendan participar activamente en política y que a veces carecen de los recursos o de las estructuras partidistas para poder defender jurídicamente sus derechos, cuando presuntamente sean violentados.