Por: Arnoldo García
El acoso sexual y el hostigamiento dentro del servicio público se investigará de oficio y además se habrá de destituir a la persona e inhabilitar para desempeñar un cargo público.
El Congreso del Estado dio entrada a una iniciativa de reformas a la Ley de Responsabilidades Administrativas para que este tipo de conductas como el acoso y hostigamiento sexual se incluyan dentro del catálogo de faltas graves en el servicio público y con ello incrementar el castigo, con lo cual se corrige un vacío legal que existía en dicha legislación.
Además de perder el cargo y ser inhabilitado para el desempeño de funciones públicas, la persona señalada también podría enfrentar cárcel y una multa económica de conformidad con el Código Penal del Estado.
La diputada Elvia Eguia Castillo (Morena) promovente de la iniciativa de reforma advirtió que en muchas instituciones aún persisten conductas que vulneran gravemente los principios de legalidad, profesionalismo y respeto a la dignidad humana, particularmente el acoso y el hostigamiento sexual dentro de los entornos laborales.
Sostuvo que el acoso y hostigamiento no sólo afectan la integridad física y emocional de las personas, también generan ambientes de trabajo hostiles, deterioran la confianza institucional y dañan profundamente la ética del servicio público en Tamaulipas
La reforma incorpora definiciones precisas de acoso sexual y hostigamiento sexual, lo que permitirá su identificación y sanción sin margen de ambigüedad.
Otro aspecto relevante de la reforma es que fija la obligación de las personas servidoras públicas de conducirse con respeto a la dignidad humana y abstenerse de cualquier forma de violencia laboral.
La reforma a la Ley de Responsabilidades Administrativas es que las investigaciones sobre dichas faltas podrán iniciarse de oficio cuando existan indicios, aun sin denuncia formal.
Las sanciones se impondrán considerando la gravedad del caso el daño causado y la posición jerárquica del agresor.
La reforma también obliga a dependencias estatales y municipales a actualizar sus códigos de ética y protocolos internos en un plazo no mayor a 90 días.
Asimismo, explicó que se busca garantizar investigaciones con perspectiva de género. “Permite iniciar investigaciones de oficio cuando existan indicios de estas conductas”, indicó, además de establecer sanciones más severas. “Estas faltas puedan ser sancionadas con las medidas más severas que contempla la ley, incluyendo la destitución del cargo y la inhabilitación para ejercer funciones públicas”, agregó.
Finalmente, hizo un llamado al pleno legislativo a respaldar esta propuesta. “El servicio público debe de ser un ejemplo de integridad y respeto de los derechos humanos. No podemos permitir que dentro de las instituciones del Estado se normalicen conductas que atentan contra la dignidad de las personas”, concluyó, al afirmar que esta reforma envía un mensaje claro: “en el servicio público de Tamaulipas no debe de haber tolerancia frente a ninguna forma de violencia”.
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