Por Alfredo Guevara
La posibilidad de un ajuste o reacomodo del personal que labora en dependencias y organismos públicos descentralizados del Estado, no está descartada y dependerá del análisis que se haga por los titulares de cada área, las que deben funcionar con lo necesario.
La titular de la Secretaría de Administración Luisa Eugenia Manautou, aseguró que en este gobierno no se han hecho nuevas contrataciones y contrario a ello, se mantiene la misma plantilla, la que oscila en alrededor de 50 trabajadores, incluyendo a los que laboran en el Poder Judicial del Estado (PJE) y Congreso local.
Confirmó que cada uno de los titulares de dependencias del Gobierno y organismos descentralizados harán un análisis de su estructura, de las funciones que realiza el personal y de las necesidades de operación, para determinar que se cuente con lo básico, lo imprescindible para su funcionamiento en la administración pública.
Reveló que algunas de las dependencias terminaron el análisis y otras continúan con esa labor, en espera de conocer los resultados del diagnóstico para la toma de decisiones, que pudiera ser un eventual ajuste, despido o reacomodo del personal para mejor funcionamiento de cada una de las áreas.
“Lo que se busca es que se trabaje con lo necesario nada más, que no haya exceso, pero todas las dependencias y organismos entran en este análisis”, sostuvo la servidora pública.
Citó que en esta administración estatal se ha mantenido la plantilla de trabajadores que está autorizada y no se han dado nuevas contrataciones de personal.
“Mira, la Secretaría de Educación y Salud se manejan de manera independiente y los organismos descentralizados también, pero aportantes al Instituto de Servicios y Seguridad Social (Ipsset) que ahí estamos todos, sean autónomos, por ejemplo, los otros poderes también, suponemos Tribunal o el Congreso, son 50 mil aportantes”, reiteró.
Y aunque no hay un tiempo perentorio para la entrega de los resultados del análisis en cada una de las dependencias y organismos, Eugenia Manautou, serán la base para decisión a tomar, con el objeto de que funcionen con lo necesario sin afectar la prestación del servicio a la población.