Por Alfredo Guevara
Ante la Secretaría de Finanzas, al menos cinco alcaldes han solicitado apoyo económico para pagar nómina, hacer frente a los compromisos de fin de año y liquidar, aunque sea en abonos, deudas que enfrentan los ayuntamientos ante dependencias como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), además de organismos de agua y drenaje.
A las quejas por saqueos y actos de corrupción, cometidos por los ex alcaldes se sumó la alcaldesa del municipio de Aldama, María Nohemí Sosa Villarreal a quien el anterior alcalde Alejandro García Barrientos le heredó una deuda de tres millones ante la CFE y de 16 millones en la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado.
Con anterioridad, presidentes municipales y alcaldesas de San Fernando, González, Ciudad Mante, Soto la Marina y ahora Aldama, denunciaron no tener recursos para el pago de nómina de sus trabajadores como también para hacer frente los compromisos de fin de año, es decir salarios, aguinaldos y otras prestaciones económicas.
Cada uno de ellos coincidieron en que, aunado a la falta de recursos para hacer frente a sus primeros compromisos, a 15 días de haber asumido su labor como presidentes municipales y alcaldesas, no disponen de herramientas e infraestructura para atender renglones prioritarios como la recolección de basura, alumbrado público y bacheo de las calles.
De acuerdo a las versiones de alcaldesas como la de San Fernando, y Aldama, en los procesos de entrega – recepción, entre los que terminaron el periodo para el que fueran electos el 30 de septiembre y los que iniciaron actividades el uno de octubre, se ocultó información de presuntos actos de corrupción que se están investigando.
Y es que, si bien participaron los equipos de trabajo de unos y otros, solo fue para dar a conocer y enterarse del funcionamiento de las diferentes áreas, pero no se dio a conocer adeudos con dependencias como la CFE por consumo de luz, las condiciones en que se encuentran organismos de agua y drenaje, como tampoco dinero para el pago de nómina y adeudos con proveedores.
Presidentes municipales y alcaldesas, no tuvieron más que recurrir al Gobierno del Estado como la Secretaría de Finanzas para enfrentar los primeros compromisos de su nueva encomienda, sin dejar de lado la posibilidad de interponer denuncias contra los ex alcaldes, ante la Auditoría Superior del Estado (ASE), y la Contraloría estatal.