El Frente Estatal de Productores Agropecuarios de Tamaulipas A.C. encendió hoy una nueva alerta social al bloquear la carretera federal Victoria–Matamoros, a la altura del kilómetro 201, frente a la Bodega La Herradura del ejido Francisco Villa, en el municipio de San Fernando. La razón no es menor: los productores de sorgo exigen un precio justo de 6 mil pesos por tonelada, en medio de lo que califican como un abandono sistemático por parte del gobierno federal.
La protesta ocurre tras el incumplimiento de la mesa de negociación previamente pactada con autoridades del sector agropecuario. Según declaraciones de los líderes del Frente, el gobierno federal, encabezado por la presidenta constitucional Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, no ha dado seriedad ni respuesta puntual a los compromisos establecidos, dejando en la incertidumbre a miles de familias que viven del sorgo en la región norte de Tamaulipas.
Este acto de resistencia no es improvisado. Es la culminación de un largo historial de indiferencia institucional y manipulación del mercado, donde el productor ha sido reducido a espectador de su propio empobrecimiento. Hoy, al pie del asfalto y bajo el sol de justicia, el campo volvió a gritar lo que las oficinas gubernamentales han decidido ignorar: la dignidad del agricultor no es negociable.
Automovilistas, transportistas y población local se han visto obligados a tomar brechas y caminos secundarios, evidenciando el impacto directo de la protesta, pero también reflejando la brecha más profunda: la desconexión entre quienes producen la tierra y quienes legislan sobre ella.
En palabras del presidente del Frente:
“Nosotros no sembramos para mendigar. Sembramos para vivir. Si el gobierno no honra la palabra, nosotros vamos a honrar la lucha de nuestros abuelos.”
La protesta es tan legítima como incómoda para quienes han convertido la administración pública en una mesa de cálculo político, en lugar de una herramienta de justicia social. La ausencia de representantes estatales y federales en el lugar del bloqueo ratifica el desdén institucional hacia el sector agrícola, incluso en medio de una crisis que amenaza con profundizar el éxodo rural.
La demanda de 6 mil pesos por tonelada no responde a un capricho. Se trata de un precio mínimo que refleje los costos reales de producción, el riesgo climático, la volatilidad del mercado internacional (dominada por bolsas extranjeras como la de Chicago) y la marginación de los pequeños y medianos productores frente a los grandes acaparadores.
Lo que está en juego no es solo el valor del sorgo. Es el reconocimiento económico y humano de una actividad que ha sostenido a México desde antes de que existiera un Estado moderno. Y, sin embargo, año con año, el agricultor mexicano es forzado a vender por debajo del costo, cargando con las pérdidas que deberían asumir quienes manejan la política agrícola desde la comodidad de la tecnocracia.
La movilización del Frente Estatal de Productores Agropecuarios de Tamaulipas A.C. se inscribe en una larga tradición de luchas campesinas en México. No es un movimiento aislado ni ajeno a la historia: es continuidad y consecuencia. Hoy, como ayer, el campo mexicano sigue siendo el gran olvidado del pacto nacional.
Mientras el gobierno guarda silencio, en el kilómetro 201 se está escribiendo otra página de esa historia que incomoda pero que es urgente: la historia del México profundo, donde el surco, el tractor y la semilla siguen esperando justicia.