Por Alfredo Guevara
De los 70 asuntos que tienen que ver con investigaciones iniciadas, alrededor de 40 de ellas, denunciadas por la Auditoría Superior del Estado (ASE), presentadas a lo largo del 2024, se encuentran en una hipótesis de prescripción porque de acuerdo los términos medios aritméticos, para que prescriba la acción penal, ha transcurrido el tiempo.
Este tipo de denuncias tienen que ver con ejercicios fiscales muy anteriores, dado que son revisiones que fueron hechas en otros periodos de la Auditoría, en los que de acuerdo al análisis, algunas de ellas datan desde el 2015, e incluso una que cuenta con más de diez años en los que no se había denunciado el hecho, confirmó Jesús Eduardo Govea Orozco.
El titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), admitió que mientras más amplio haya sido el lapso de inactividad en cuanto a la presentación de la denuncia, es más factible que haya operado la prescripción, algo que se ha encontrado en varios casos recientes a los que refiere la Auditoría, y que se encuentran en esa hipótesis, agregó.
“Lo anterior porque los términos medios aritméticos para determinar la acción penal han transcurrido, hablamos de un promedio de seis, ocho, diez años, dependiendo del delito de mayor gravedad, como podría ser una denuncia por peculado, que en una operación simple, ampliando incluso el margen máximo que la ley señala, el plazo que marcaría como término medio, sería de diez años; hay casos que ya prescribieron porque pasó más de ese tiempo de que se presentara la denuncia”, apuntó.
Govea Orozco reveló que también existe otra particularidad, al tratarse de ejercicios fiscales de 2015, 2016, hasta el 2020 y 2021, mayormente de municipios como Jiménez, Güémez. San Carlos, Casas, otros de Río Bravo, Matamoros, que en suma, son alrededor de 40, de las que muchas de ellas, tienen años que debieron haberse presentado las denuncias.
“Entonces estamos encontrando que algunos de estos casos podrían estar prescritos y otros podrían eventualmente tratarse de una, sí una irregularidad administrativa, pero que para poder ubicarla en el ámbito de lo penal necesitamos corroborar cierta información por la propia Auditoría Superior, porque de ahí viene la noticia del hecho y en eso es en lo que se está trabajando”, explicó el Fiscal Anticorrupción.
Desconoció la razón por la que se hizo así, tomándose en cuenta que muchos de los casos, en los que han transcurrido una década o mas, debió denunciarse en su momento.
Y es que, si durante una auditoría se advierte una irregularidad que tiene la apariencia de delito, lo correcto es que se denuncie, consideró.