Por Alfredo Guevara

Si bien no hay un impacto significativo de indicadores que vayan en ascenso, los gobernadores de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila acordaron unir esfuerzos para prevenir problemáticas relacionadas con delitos de extorsión, privación ilegal de la libertad y en algunas ocasiones secuestros.

Y es que, de alguna manera se percibe que este tipo de delitos pueden ser alternativas que la delincuencia organizada está buscando para seguir obteniendo financiamiento ilegal a través de estas modalidades dado que se han ido limitando todas las demás, consideró el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Al sostener una rueda de prensa con medios de comunicación, al término de la tercera reunión  regional Noreste de Seguridad Pública, citó que la condición de los indicadores de migración están en su mínimo histórico, así como de repatriados connacionales que están bien cuidados a la hora que regresan a la frontera y los acercan para regresar a sus lugares de origen.

“Muchas de las condiciones de financiamiento que podríamos decir, tenía la delincuencia organizada, se han ido acotando, entonces hay que estar atentos a que no se generen circunstancias que comiencen ellos a tener el deseo de infringir la ley a través de estas acciones”, estableció el mandatario tamaulipeco.

Parte fundamental, estriba también en la confianza que la ciudadanía ha depositado en el gobierno del Estado, que a través de denuncias presenciales y medios digitales que ofrece la Fiscalía General de Justicia, estar atentos a condiciones que puedan ser acotadas y atenderlas lo más pronto posible.

Durante la reunión que sostuvo con los gobernadores de Nuevo León Samuel García y de Coahuila Manolo Jiménez Salinas, Villarreal Anaya dijo que entre otras cosas se acordó redoblar la vigilancia en los límites de las tres entidades de la región noreste, compartir información de las centrales de inteligencia y actuar mejor en las regiones donde operan los grupos delincuenciales, que a veces se extienden a áreas de influencia de los tres estados.

También de coordinar respuestas en su capacidad operativa de acuerdo a la ubicación, de sus cuarteles, ya sea del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional (GN) o sus diferentes corporaciones de seguridad en las entidades, además de atender la población migrante y mexicanos que en un momento dado sean objeto de repatriación por autoridades migratorias de Estados Unidos.

Dijo que a estas acciones podría integrarse la Guardia Estatal para fortalecer la capacidad de fuerza y de respuesta, al estar certificada en un 98 por ciento de sus casi cuatro mil 500 elementos.

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