Por Alfredo Guevara
El presupuesto de egresos que dispondrá el Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam) para el ejercicio fiscal 2025 no rebasará los 400 millones de pesos, al no ser un año en el que se desarrolle elección de alcaldes o diputados locales.
Aparte de ello, no contempla creación de nuevas plazas como tampoco incrementos en términos nominales ni reales a las percepciones del tabulador del personal ni tener erogaciones asociadas de alguna manera al desarrollo de un proceso electoral, entre esos, prerrogativas para gasto en campañas, estableció Juan José Ramos Charre.
El presidente del Ietam aclaró sin embargo, que el presupuesto de egresos que manejará el Instituto tiene un incremento natural, producto del costo de la vida, el cual será mínimo y no representativo en cuanto a monto de recursos para el próximo ejercicio fiscal.
“Nosotros estimamos que para el 2025 no rebase los 400 millones de pesos, de los que el 50 por ciento sería aportado a los partidos políticos para gastos ordinarios por concepto de financiamiento como lo establece la legislación electoral, al no haber un proceso constitucional de por medio”, agregó.
Ramos Charre dijo que si bien el pasado 30 de agosto el Consejo General del Instituto aprobó el manual de presupuesto para el próximo ejercicio fiscal 2025, con ello se da inicio a los trabajos cuyos resultados permiten en el mes de septiembre, identificar la cartera institucional de proyectos y las actividades a realizar en base a la Constitución y la legislación electoral, que es la base legal que dispone el Instituto.
Estableció que en este 2024, el Congreso local aprobó que el Instituto ejerciera un presupuesto menor a los 600 millones de pesos, al haber de por medio el desarrollo del proceso de elección de alcaldes y diputados locales.
Sin embargo, por el momento consideró que no existe en sí el tema presupuestal para el próximo año, como resultado de que aún no concluye en su totalidad el proceso eleccionario, en el que se mantiene la cadena impugnativa para el desahogo de medios de impugnación interpuestos por partidos políticos ante instancias jurisdiccionales.