Por Alfredo Guevara
Para el Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam), la elección extraordinaria del cien por ciento de los cargos del Poder Judicial del Estado (PJE), el domingo uno de junio de 2025, representa un reto operativo, presupuestal y hasta para el electorado.
De hecho, será un proceso en el que seguramente se romperán todos los paradigmas, en el que en lugar de una, podría haber en algunos casos hasta diez urnas o más, entre el proceso federal de ministros, jueces y magistrados, como los cargos del PJE de manera concurrente, estableció Juan José Ramos Charre presidente del Instituto.
Dijo que en este momento, el Instituto no tendría disponibilidad tan solo en el número de urnas necesarias para poder organizar la elección de cargos del Poder Judicial del Estado y pensar en una producción de receptáculos de manera masiva para dotar a las casi cinco mil casillas que se estarían instalando.
“Estamos trabajando en el mapeo de todos los proyectos a partir de la revisión de la iniciativa que presentó el Gobernador; identificar cuáles son las actividades que tienen que desarrollarse conforme al texto de la iniciativa, que el Congreso del Estado emitirá las leyes secundarias, particularmente de los próximos 30, las modificaciones a la ley electoral y la ley de medios de impugnación en el transcurso 60 días”, comentó.
Ramos Charre mostró confianza de cerrar el 2024 con las leyes secundarias armonizadas por parte del Congreso local, para la realización de la elección judicial extraordinaria que insistió, podría tener un costo por encima de los 200 millones de pesos.
Además de representar un reto operativo y presupuestal para el Instituto, consideró que será mayor para el electorado al recibir la información que le permita distinguir con claridad dónde están y quiénes son las candidaturas a los distintos cargos.
Declaró que en la medida en que el legislativo emita las modificaciones constitucionales y leyes secundarias, el Instituto podrá tener una presupuestación a detalle de lo que costará la elección extraordinaria del cien por ciento de los cargos del Poder Judicial del Estado.