Por Alfredo Guevara

En los últimos seis años, el campo ha sido olvidado por las instancias del gobierno de la república, al quitar, en lugar de mantener o incrementar los principales insumos que necesitan los productores para la agricultura y la ganadería, consideró Raúl García Vallejo.

El presidente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos de Tamaulipas, dijo que afortunadamente el agricultor no se doblega ante circunstancias de ese tipo y contrario a ello, se mantiene en la actividad, contribuyendo de alguna forma en la producción alimentaria.

Recordó que no han mecanismos de apoyo, tras la desaparición de la Financiera Rural, de tal forma que muchos productores tuvieron que recurrir a créditos con instituciones bancarias, las que cobran intereses más altos, para no dejar de producir la tierra, así sea empeñando tractores u otra maquinaria.

Si bien había subsidios para la contra del diésel, ese programa también desapareció por parte del Gobierno de la República, de tal forma que, si el productor requiere de ese combustible para el uso de tractores, trilladoras y demás maquinaria, el costo es el mismo que cualquier otra persona.

Añadió que en materia de comercialización, la entrega de subsidios a los productores de sorgo también se eliminó, no obstante a que el año pasado se pagó en poco más de seis mil pesos la tonelada, en este 2024 se comercializó a un 50 por ciento de ese precio.

Y aun cuando se habló de la entrega de un incentivo que compensaría en algo el bajo precio de la tonelada de sorgo, finalmente no se han dado a conocer el recurso ni mucho menos los lineamientos o normatividad para que los productores tengan acceso a ese beneficio.

García Vallejo confirmó que muchos de los agricultores están endeudados con la banca comercial, la que insistió, les cobra altos intereses para poderles ofrecer algún crédito.

Afortunadamente, son pocos los productores que han tenido que malbaratar su maquinaria, rentar sus parcelas o bien, verse en la necesidad de dedicarse a otra actividad, por la falta de estímulos, mecanismos de financiamiento y otra serie de insumos que requieren para contribuir al programa alimentario en el país.

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