Por Alfredo Guevara
La observancia en la actuación del servidor público y la fiscalización para la aplicación de los recursos aprobados en el presupuesto a ejercer, ha permitido observaciones del 0.02 por ciento por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), a Tamaulipas durante el ejercicio fiscal 2025.
Lo anterior le ha permitido a la entidad ubicarse entre los primeros lugares con relación al resto del país en el ejercicio responsable del gasto federalizado, es decir, del dinero que la federación envía a Tamaulipas, aparte del cero monto observado por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, destacó Norma Angélica Pedraza Melo.
La titular de esta dependencia en la administración estatal, citó que la fiscalización del presupuesto, asegura la correcta aplicación del recurso público en función del presupuesto autorizado, de acuerdo a las reglas de operación o normatividad establecida y se canaliza a la población objetivo en el Estado.
Y es que, en materia de quejas y denuncias, el sistema que opera la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno opera las 24 horas los siete días de la semana permite atender cada una de las inconformidades o en su caso, indagar tratándose de denuncias.
A través del uso de esta plataforma, se han tratado 292 quejas y denuncias recibidas, recibidas en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de los municipios, de otros poderes o de los autónomos, aunque el ámbito de su competencia sea solo en dependencias del Ejecutivo Estatal.
“Es muy importante que el ciudadano conozca los ámbitos de competencia, esta secretaría atiende quejas y denuncias del Poder Ejecutivo y del Poder Ejecutivo son 241 que hemos dado esa atención durante el 2025”, precisó la servidora pública.
El resto de las quejas y denuncias que se presentaron el año pasado, al no ser competencia de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, se turnaron a los ayuntamientos u otras instancias que les compete atender y dar solución.
Pedraza Melo consideró que el uso de esta plataforma, de alguna manera ha sentado las bases para que la actuación del servidor público, sobre todo los que tienen bajo su responsabilidad el uso y aplicación del recurso, lo haga de manera transparente, de acuerdo a normas y lineamientos que establece la ley.
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