Por Alfredo Guevara

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), no contempla abrir una investigación en contra de la empresa aseguradora MetLife, S.A. de C.V., involucrada en el proceso que se le sigue al ex titular de la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET).

El titular de la Fiscalía, Jesús Eduardo Govea Orozco, estableció que quien incurrió en violaciones a la ley, es el ex titular de la SET, al haber contratado los servicios de esa empresa de manera indebida, al no tener facultades para suscribir un convenio.

Y es que, además de realizar una contratación indebida, el ex funcionario de la Secretaría de Educación, en la anterior administración estatal, empezó a disponer de los dividendos que se generaban por ese tipo de convenios.

“No, en este caso no se trató de una cuestión en donde la empresa se hubiera prestado a simular, valga la redundancia la prestación de algún servicio, sino a través de una contratación indebida, no tanto por la empresa sino por el servidor público que no tenía facultades para ello”, precisó Govea Orozco.

Además de que se llevó a cabo el dicho contrato con la empresa MetLife, esta persona – el ex titular de la Secretaría de Educación – empezó a disponer de los dividendos que se generaban por esos contratos, en un porcentaje que se fijó en dicho convenio, sostuvo.

De igual forma hizo adjudicaciones irregulares de otro tipo de contratos e incluso, dispuso para sí de parte de ese monto, de lo obtenido, de lo generado por todos esos dividendos, insistió Govea Orozco.

Por ello, la Fiscalía consideró que no habría necesidad de investigar la participación de la empresa aseguradora MetLife S.A. de C.V. en el proceso que se le sigue al ex titular de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, reiteró.

Como se recordará, Mario “N” – ex titular de la Secretaría de Educación en la anterior administración estatal – firmó de manera ilegal un convenio con la aseguradora MetLife México S.A. de C.V., sin facultades para hacerlo y desviando recursos públicos que suman más de 8.2 millones de pesos, motivo por el cual fue sentenciado por el Tribunal de Enjuiciamiento Unitario a 19 años de prisión.

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