Por Alfredo Guevara
En lo que va de este año, se han judicializado 14 carpetas de investigación, que, dependiendo del resultado, pueden derivar en solicitudes de ordenes de aprehensión en contra de ex servidores públicos de la anterior administración, y otros que de manera adicional, podrían ser imputados por diversos delitos.
Sin embargo, no todos los casos conllevan la emisión de una orden de aprehensión de manera automática, porque eso implica que muchas veces se haga una ponderación y un planteamiento ante un juez, derivado de lo que procesalmente se conoce como la necesidad de cautela, estableció Jesús Eduardo Govea Orozco titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC).
Es decir, que la persona imputada en un delito o bien, a quien se le pretende imputar ha tenido una conducta procesal evasiva, al no comparecer a ninguna citación, que no obstante a haber sido citado incluso por un juez, evade esa citación, pese a garantizarse durante la investigación como en la fase judicial el debido proceso al que tiene derecho toda persona.
“Es cuando se requiere hacer esta ponderación y el planteamiento sobre la necesidad de cautela, no sólo porque la persona o el implicado en el caso concreto o a quien se va a imputar el hecho ha tenido una conducta procesal evasiva, sino porque tiene facilidades para evadirse del lugar del proceso, porque incluso no reside en el país”, explicó.
Citó que es un hecho notorio y público que muchos de estos casos tienen que ver con personas que residen en el extranjero, y que de ahí es de donde deriva la necesidad de cautela que motiva en su caso el libramiento de una orden de aprehensión.
Como se ha mencionado en anteriores ocasiones, hay ex secretarios, subsecretarios, directores generales que si bien se han vinculado a proceso a diversos funcionarios de distintos niveles y se está judicializando con el fin de formular imputación a más ex servidores públicos, que también ocuparon cargos similares, abundó.
Sin embargo, para ello se tiene que seguir las formalidades que establece la ley, donde la Fiscalía está cuidando y haciendo un énfasis particular, más allá de las inquietudes de algunos sectores o personas que estiman que no hay avances o no se ve, se trata de garantizar las legalidades de las actuaciones para que tengan el sustento jurídico necesario, que pueda incluso oponerse ante los recursos o medios de defensa que estas personas investigadas o procesadas puedan promover, indicó.
“Esto quiere decir que nuestras actuaciones se encuentran debidamente sustentadas y que por lo tanto han superado el análisis constitucional sobre la legalidad de la actuación de la Fiscalía”, finalizó Govea Orozco.