Por Alfredo Guevara
El Poder Judicial del Estado (PJE), ha reforzado medidas, entre estas dictar embargos precautorios, así como la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos en el Estado, a efecto de garantizar el sustento de niñas, niños y adolescentes afectados por la separación de sus padres.
Y es que, en los últimos dos años, se han registrado ocho mil 147 denuncias o incidentes de violencia al interior de la familia dentro de juicios sucesorios o familiares, que derivaron en la emisión de tres mil 200 órdenes de protección de menores, incluyendo casos de violencia vicaria, confirmó Teresa Olivia Blanco Alvizo.
La magistrada de la Novena Sala Civil-Familiar del Supremo Tribunal de Justicia, al participar sobre la radiografía del divorcio en Tamaulipas, expuso que cuatro de cada diez casos en los que se da el rompimiento de ese compromiso nupcial, involucran a niñas, niños y adolescentes.
Lo anterior representa que tan solo en el 2025, alrededor de tres mil 300 menores de edad vivieran la experiencia de ver separados a sus padres a través de un divorcio, desunión que dejó de ser un tema excepcional, para convertirse en una realidad demográfica, que exige atención especializada y sensibilidad humana.
El volumen de casos refleja un cambio en la estructura familiar, si se toma en cuenta que tan solo en el 2024 se tramitaron diez mil 264 divorcios en el Estado, es decir, un promedio de 83 casos por cada cien matrimonios celebrados.
Estableció que el Poder Judicial del Estado ha reforzado medidas como embargos precautorios o bien la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios, al exponer que el 75 por ciento de los casos, hay un incumplimiento inicial en el pago de la pensión alimenticia.
Lo anterior ha obligado al Supremo Tribunal de Justicia a fortalecer sus mecanismos de ejecución de cobro para las partes afectadas.
De igual forma, la magistrada confirmó que muchas de las rupturas en el matrimonio están acompañadas de contextos de violencia al interior de la familia.
Por último, consideró que la cantidad de expedientes no debe verse como carga de trabajo, sino como un reflejo de la sociedad, donde está de por medio la vida de los menores de edad, además de analizar el contexto de cada uno de los casos.