Por Alfredo Guevara
Por tratarse de un delito federal, como lo es la procedencia ilícita, el gobierno del Estado estaría en condiciones de coadyuvar, en caso de que la federación implementara un operativo para el decomiso de autos y camionetas de procedencia norteamericana, que no pudieron regularizarse.
El titular de la Secretaría de Finanzas Carlos Irán Ramírez González, reveló que al derogar la presidenta Claudia Sheinbaum el decreto que permitía la regularización de vehículos de procedencia norteamericana que circulan ilegalmente en México, lo que se hará en el Estado es integrar un informe de lo que se recaudó por este concepto y dar vista a la federación.
Sin embargo, implementar un operativo para el decomiso o aseguramiento de autos y camionetas, a cuyos propietarios se les concedió varios años para el pago de los impuestos y derechos de control vehicular y no lo hicieron, corresponde a la federación.
“Eso es una materia también del gobierno federal, hay un convenio de colaboración y veremos qué establece la federación en cuanto a eso, si nos piden su colaboración para llevar a cabo estos operativos, se llevarán a cabo, si no nos piden la colaboración, corresponde a las autoridades federales también”, precisó.
Durante una entrevista que concedió en la explanada interior de palacio de gobierno, posterior a la ceremonia de Honores a la Bandera Nacional, el titular de Finanzas del Gobierno del Estado confirmó que la circulación ilegal de las unidades de procedencia extranjera, es un delito que le compete a la federación atender.
“Es un delito federal la procedencia ilícita de este tipo de automóviles en el territorio mexicano y si nos solicitan la colaboración, ayudaremos a los operativos”, sostuvo.
Por el momento, los módulos de Registro Público Vehicular (Repuve), instalados en las oficinas fiscales del gobierno del Estado se mantienen, a la espera de que el gobierno de la república decida si se levantan o siguen funcionando.
Y es que, después de que el Repuve validaba la documentación de los vehículos susceptibles de regularización, las oficinas fiscales del Estado realizaban el cobro por derechos de control vehicular y procedía a la entrega de las placas correspondientes.