Por Alfredo Guevara
Nueve de cada diez asuntos que llegan a tribunales del Poder Judicial del Estado (PJE), se relacionan directamente con la vida familiar, patrimonial y social de las personas, lo que confirma que en Tamaulipas la centralidad de estas materias para la estabilidad social.
Un análisis reciente de la carga de trabajo en esta instancia jurisdiccional, revela que tan solo en Tamaulipas, durante el 2024 ingresaron alrededor de 58 mil 300 asuntos, de los cuales el 90 por ciento corresponden a las materias civil y familiar en primera instancia, confirmó Raúl Robles Caballero.
Al participar en asuntos generales, durante la sesión de pleno del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, el magistrado de la séptima sala civil – familiar, en el país la forma de impartir justicia en la materia civil y familiar sigue prácticamente intocada, con procedimientos reglados de forma ya anacrónica.
“Los procedimientos tradicionales, predominantemente escritos y altamente formalistas, ya no responden a las necesidades actuales de una sociedad que demanda respuestas oportunas, comprensibles y eficaces”, expuso el magistrado.
Para atender esta realidad, citó que el tribunal de Tamaulipas cuenta con una estructura integrada por 21 juzgados familiares, 14 juzgados civiles y 11 juzgados con competencia mixta en materia civil y familiar.
Uno de hallazgos encontrados en el análisis de las cargas de trabajo muestra variaciones significativas según la materia y las regiones del Estado, donde, por ejemplo, en el 2024, en la región sur que corresponde a Altamira, un juzgado familiar registró en promedio el ingreso de 990 asuntos, mientras que en la región norte, en Reynosa, un juzgado familiar promedió dos mil 80, lo que representa una diferencia superior al 110 por ciento.
En materia familiar, la región del centro Victoria, indicó que en promedio, un juzgado civil ingresó 932 asuntos, frente a tan solo 410 inscritos en otro juzgado homólogo de Nuevo Laredo, observándose una diferencia en las cargas de más de 120 por ciento.
“Estos hallazgos tienen relevancia estratégica para armonizar la asignación de recursos y fortalecer la capacidad institucional del Poder Judicial a partir de las realidades territoriales de cada región y garantizar así una impartición de justicia más equilibrada, cercana y eficiente en todo el Estado”, concluyó.