Por Alfredo Guevara
Los abusos, entre estos el maltrato de los vehículos y los cobros excesivos por el arrastre de unidades, terminarán con la implementación de la “Ley Grúa”, con la que se obliga a transparentar el funcionamiento de esas empresas, que no entregaban recibos por cobros aplicados a la población.
La presidenta de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, en el Congreso local, Guillermina Magaly Deándar Robinson, consideró que hoy más que nunca, es fundamental que la ciudadanía esté informada y se defienda por la vía legal de la actuación del personal que labora en esas empresas
Aseguró que por muchos años muchas familias han sido víctimas de abusos por parte de los servicios de grúas y personal de esas empresas, en la aplicación de cobros excesivos, falta de transparencia y procedimientos, poco claros, que no pueden seguir pasando, indicó.
Consideró que hoy en día, la ciudadanía tiene herramientas para poder defenderse, toda vez que, el primer paso es conocer tus derechos, “aunque tiene que informarse, preguntar, exigir recibos, verificar las tarifas autorizadas y principalmente que ya no se dejen intimidar”, apuntó.
“La ley es para que se protejan, pero solo funciona si la hacemos valer, creo que defender nuestros derechos no es un privilegio sino una obligación de cada uno de nosotros creo que la Ley Grúa que va a ser en beneficio a los tamaulipecos pero también pedir a la gente, que no se estacionen mal, que hay que seguir las reglas”, indicó.
De acuerdo a las reformas de la ley, se precisa que el servicio sólo podrá aplicarse cuando exista causa justificada: es decir, ausencia del conductor, incapacidad para manejar o cuando el vehículo represente un riesgo para la circulación o esté involucrado en un hecho de tránsito que obligue a su retiro.
En pocas palabras, si el conductor está presente su vehículo no deberá ser remolcado de la vía pública.
El decreto establece también, que las empresas de grúas deberán operar bajo condiciones formales y verificables; entre las obligaciones destacan contar con concesión o permiso vigente, registro oficial ante la autoridad competente, pólizas de seguro que cubran daños durante el traslado, así como unidades en condiciones óptimas y debidamente identificadas.
También deberán cumplir con sus obligaciones fiscales, emitir comprobantes oficiales por cada servicio prestado y sujetarse a tarifas autorizadas por la autoridad estatal, lo que elimina cobros arbitrarios.
Las tarifas deberán ser públicas, visibles para los usuarios y respetadas sin excepción, incluyendo los costos por arrastre, maniobras y resguardo en corralones.
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