Por Arnoldo  García

Los miembros del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas perciben un ingreso de 126 mil 623 pesos, desde hace siete años, reveló Juan José Ramos Charre, presidente del Instituto, quien sostuvo que los ahorros pueden tenerse en otros aspectos como la eliminación del PREP.

Informó que cada consejero electoral tiene un sueldo base mensual bruto de 46 mil 623 pesos, así como una compensación por 80 mil pesos, para un total de 126 mil 623 pesos, que es lo aprobado por el Congreso del Estado desde 2019 no habiendo incremento alguno.

En ese sentido, comentó que a nivel nacional no existe una “simetría” en los tabuladores salariales de las consejerías electorales, así como de los funcionarios de los institutos locales, ya que en algunas entidades los montos son mayores y en otras menores.

Comentó que  si lo que se busca es una estandarización u homologación de salarios, se puede avanzar en ese sentido mediante los análisis presupuestales pertinentes.    

Ramos Charre recordó que nadie puede ganar más que la persona titular de la Presidencia de la República y, en el ámbito estatal, nadie puede percibir más que el gobernador.

En el caso de los consejeros electorales, ganan lo mismo que los magistrados electorales y estos lo mismo que los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

El presidente del organismo electoral local apuntó que los ahorros en los gastos pueden estar en otros aspectos como es la eliminación del Programa de Resultados Electorales Preliminares si de cuando con las reformas electorales propuestas al término de la jornada electoral los órganos electorales iniciarán los cómputos.

Finalmente indicó que la presidenta Claudia Sheinbaum adelantado que los organismos electorales continuaran como parte del fortalecimiento del federalismo, tal vez con una reducción de los miembros de los Consejeros de siete a cinco.

Por último, Ramos Charre advirtió que los plazos para la reforma electoral empiezan a quedar ajustados ya que el año electoral inicia el domingo 13 de septiembre y por tanto las reformas a la legislación local deberán quedar aprobadas antes del 13 de junio.

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