Por: Arnoldo García
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas remitió 30 recomendaciones durante el año pasado de las cuales únicamente 17 se han cumplido. Taide Garza Guerra, presidenta de la Comisión, dijo que debe haber por parte de los servidores públicos un mayor compromiso y responsabilidad para cumplir con las recomendaciones que se les formulan.
Hay otras cinco recomendaciones en vías de cumplimiento y en proceso de atención y ocho más a las cuales las dependencias no han dado respuesta.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, Taide Garza Guerra, hizo entrega de su informe anual al Congreso del Estado y al Poder Ejecutivo, quien reveló que ahora hay interés por parte de la secretaría de Seguridad Pública porque sus elementos no cuenten con antecedentes de violaciones a los derechos humanos.
Las instancias del ejecutivo se deben de fortalecer a través de la cultura de la legalidad, a través del respeto en sí mismas como para que tengan credibilidad y una buena imagen pública, insistió.
Añadió que uno de los incumplimientos de las recomendaciones es la reparación del daño porque consideran no es procedente.
“Las instituciones defienden a sus subalternos tratando de protegerlos, porque de repente creen que les están diciendo con fe pública una verdad que habría que investigar a fondo”, señaló.
Aseguró que la Comisión no ha recomendado bajas de personal a dependencias.
Reveló que en contraste hoy la secretaría de Seguridad Pública solicita a la Comisión información sobre si algún elemento operativo tiene antecedentes de vulneración de los derechos humanos o sido señalado dentro de las recomendaciones.
En ese sentido, dio a conocer que si se han encontrado elementos de la Guardia Estatal los cuales si tienen antecedentes de haber incurrido en hechos de violación a los derechos humanos y es la secretaría de Seguridad Pública la cual determina la situación de dicho personal.
Al respecto, comentó que de una lista de 30 elementos se encontró que siete si han incurrido en actos de violaciones a los derechos humanos.