Por Alfredo Guevara
Aunado a la sobrecarga institucional, abrir un expediente ante la Comisión Estatal de Víctimas (CEAV), representa un obstáculo para las víctimas, al tener que presentan toda una serie de documentos, que limitan el acceso a la justicia y la reparación integral del daño.
De acuerdo a la versión pública del Registro Nacional, en Tamaulipas se han reportado 13 mil 639 personas desaparecidas al 29 de diciembre del 2025, de tal forma que para este año, se prevé realizar por lo menos tres mil búsquedas en el Estado para tratar de localizar a quienes se encuentran en esa condición.
La cantidad de personas a localizar con o sin vida, además de representar un reto, contrasta con un sistema que si bien no está rebasado, enfrenta barreras burocráticas que impiden o limitan el acceso a la justicia y por ende, a la reparación integral del daño.
Y es que, según el documento público, solo el diez por ciento de los delitos cometidos en el Estado son denunciados, lo que deja fuera del esquema de atención y reparación a más del 90 por ciento de las víctimas.
Aparte de ello, abrir un expediente las personas deben presentar un cúmulo de requisitos, entre estos una identificación oficial, constancia de calidad de víctima, copia de la denuncia, actas de nacimiento, CURP y comprobantes de domicilio recientes, entre otros documentos.
En medio de la incertidumbre, el desgaste emocional y, en muchos casos, afectaciones económicas derivadas del delito o la desaparición de un familiar, y tratándose de víctimas indirectas, como familiares de personas desaparecidas, se agregan actas de matrimonio, acreditación de concubinato, tutela o documentos escolares y de salud de menores.
Posterior a reunir la documentación, las personas deben pasar por un procedimiento que incluye la verificación de su inscripción en el Registro Estatal de Víctimas, la evaluación del caso y entrevistas con personal especializado en psicología, trabajo social y materia jurídica para determinar el tipo de apoyo que recibirán.
Y si bien la Comisión fue creada para brindar acompañamiento psicosocial y asesoría jurídica a quienes han sufrido un delito o una violación a sus derechos humanos, el propio diagnóstico reconoce que la institución arrastra problemas como “la falta de actualización y evolución en sus procesos, un marco regulatorio insuficiente, la ausencia de políticas públicas bien estructuradas y una limitada coordinación interinstitucional”, además de una difusión deficiente de los derechos de las víctimas.