Por Alfredo Guevara
Las demoras injustificadas en la tramitación de procesos, el desempeño como la capacidad de las personas juzgadoras, la permanencia y el cumplimiento del horario laboral de juezas y jueces serán parte de las evaluaciones que implementará para este año el Tribunal de Disciplina Judicial.
Lo que se pretende es que el Poder Judicial del Estado (PJE), cuente con un sistema riguroso para un eficaz control interno de los juzgadores, en el que por ejemplo, la evaluación no sólo se mida con expedientes resueltos, sino también incluir conductas, salud emocional, ética profesional y capacidad de gestión por quienes son los impartidores de justicia.
Las bases que se aplicarán se estructuran en tres ejes, a través de un acuerdo aprobado por quienes conforman el Pleno del Tribunal de Disciplina Judicial, entre estos, la función jurisdiccional, el aspecto administrativo y otros considerados como complementarios, con el objeto de garantizar en todo momento la legalidad, objetividad, profesionalización y desde luego, una mejora continua en la impartición de justicia.
Con esas bases, a los juzgadores se les revisará desde este año, que las resoluciones se dicten y cumplan dentro de los plazos legales, lo que evitará demoras, que no contravengan disposiciones normativas ni criterios jurisdiccionales y que incluso, tengan coherencia con el criterio del órgano jurisdiccional.
Las nuevas normas o disposiciones, establecen la evaluación del desempeño de las personas juzgadoras en audiencias, el trato a las partes, manejo de tiempo, uso adecuado del lenguaje jurídico y sobre todo, el respeto a los principios de oralidad cuando así se requiera.
Especial atención se podrá en cuanto a que las audiencias se celebren en la fecha y hora programada.
Entre los tres ejes, también se verificará el aspecto administrativo, en el que se medirá la presencia del juzgador en el área de trabajo, el cumplimiento del horario laboral e incluso, el orden y funcionamiento al interior de los juzgados, lo que evitará la creación de rezago en expedientes.
En el acuerdo se establece que habrá evaluaciones complementarias, con las que se pretende detectar riesgos éticos, psicológicos y de conducta que en un momento dado afecten el ejercicio de la función jurisdiccional.