Por: Arnoldo García
Los organismos públicos independientes no podrán hacer uso de sus recursos presupuestales para ser bursatilzados en instituciones financieras, según la iniciativa de reformas a la Constitución Política del Estado y Ley del Gasto Público, presentada por el grupo parlamentario de Morena en el Congreso.
La iniciativa establece que los organismos constitucionales autónomos como la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Instituto Electoral de Tamaulipas, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, la Fiscalía General de Justicia del Estado, Tribunal Electoral del Estado y Tribunal de Justicia Administrativa que en caso de tener inversiones deberán ser canceladas y los recursos reintegrados a la secretaría de Finanzas del Estado.
En la exposición de motivos de la iniciativa se advierte que se ha detectado una práctica preocupante donde órganos constitucionales autónomos destinan recursos no ejercidos a inversiones en títulos de bolsa, una actividad considerada especulativa y que vulnera los principios de transparencia y eficiencia del gasto público, evidenciando un vacío normativo.
Se hace hincapié que justificando como una manera de generar rendimientos algunos órganos constitucionales autónomos están invirtiendo recursos públicos, provenientes de subejercicios presupuestales, en instrumentos de riesgo del mercado financiero.
Se cito como ejemplo que durante la administración pasada se autorizó la inversión de más de 200 millones de pesos en una institución bancaria que quebró poco después, demostrando el riesgo de perder el capital invertido al no existir un marco normativo claro y garantías presupuestales.
Se hace hincapié en que la Ley del Gasto Público define el ciclo presupuestario, no prohíbe expresamente que estos entes inviertan en títulos o acciones de bolsa, creando una “zona gris” que permite la discrecionalidad en el uso de los rendimientos generados.
Las reformas a la Constitucional, Ley del Gasto, Ley Orgánica de los Organismos Autónomos Constitucionales tienen por objeto prohibir categóricamente que los órganos constitucionales autónomos inviertan patrimonio social en instrumentos bursátiles.
La realidad es que el presupuesto no se autoriza para “apostarse” en la bolsa, sino para ejecutarse estrictamente a lo que fue destinado. Cada peso que no se aplica en su momento a su fin legítimo implica una oportunidad perdida para el desarrollo del Estado y una posible afectación al equilibrio de las finanzas públicas, se añade.
Además de lo anterior, los rendimientos que generan esas inversiones en títulos de bolsa en muchos casos son utilizados de forma discrecional, sin el mismo nivel de control y fiscalización que el presupuesto aprobado.
Se hace hincapié en que los recursos públicos no son capital de riesgo, son patrimonio social. Su pérdida, aun parcial, representa un daño patrimonial al Estado y una violación directa a la confianza ciudadana. El dinero de la gente no se administra para especular con él, sino para garantizar servicios y derechos.
Y recalca: “La función pública no es acumular dinero ni multiplicarlo a través de la especulación, sino aplicarlo en tiempo y forma en pro de Tamaulipas. Cada peso público inmovilizado o invertido al margen de su fin para el que fue destinado, se traduce en un peso que no llega a una escuela, a un hospital o a una comunidad que lo necesita”.