Por: Arnoldo García
Para garantizar la protección, seguridad física, y moral de las maestras, y del personal de apoyo y asistencia a la educación en el ejercicio de sus funciones, el Congreso del Estado aprobó reformas a la Constitución Política del Estado, Código Penal y Ley de Educación, reconociéndoles el derecho a contar con mecanismos de defensa legal frente a cualquier acto de violencia, amenaza, intimidación, difamación o vulneración de su seguridad derivado de su labor.
En el dictamen se establece que las autoridades competentes deberán implementar medidas de prevención, atención y protección, asegurando el acceso a la justicia y la reparación integral del daño en los casos que así lo requieran.
Se reitera la implementación de medidas de prevención, protección y atención que aseguren condiciones dignas, entornos escolares libres de violencia y el bienestar físico, emocional y laboral del personal educativo
En la adicción al Código Penal del Estado se advierte que cuando los delitos de lesiones, amenazas, privación ilegal de la libertad, extorsión o difamación se cometan en contra de maestras, maestros o personal educativo en el ejercicio de sus funciones, la pena aplicable se incrementará hasta en una mitad más en su mínimo y máximo.
También se establecerán sanciones administrativas y, en su caso, penales, a quienes cometan difamación, injuria o agresiones físicas, verbales o psicológicas contra el personal docente dentro del ámbito escolar. Las autoridades educativas que omitan su deber de protección y atención a las denuncias serán sujetas a responsabilidad administrativa.
Otro de los aspectos de las reformas contempla proteger a las maestras y los maestros frente a acusaciones dolosas, falsas o malintencionadas, colaborando con las instancias competentes para garantizar el acceso a la justicia y la reparación del daño.
También se determina reconocer a las trabajadores de la Educación el derecho a la presunción de inocencia, cuando sean señalados por presuntas faltas administrativas o delitos, hasta que se declare su responsabilidad mediante sentencia firme emitida por autoridad competente, asegurando en todo momento el debido proceso legal.
Las maestras recurrirán a denuncia accesibles y confidenciales para garantizar el derecho a la integridad y seguridad personal de las personas docentes, así como del personal de apoyo y asistencia a la educación.