Por Alfredo Guevara
De manera gradual, el número de denuncias a través de páginas digitales o redes sociales ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), ha ido en aumento, en contra de ayuntamientos o servidores públicos en términos generales.
Sin embargo, hay denuncias que, si bien son recibidas de manera anónima, posiblemente para no ser víctimas de represalias o sujetos de medidas de otro tipo, desafortunadamente no aportan información contundente o sustanciada, al hablar de señalamientos en general, consideró Jesús Eduardo Govea Orozco, titular de la Fiscalía.
Expuso que si un ciudadano desea, por su propio interés o considera que por su seguridad debe permanecer anónimo, lo único que se les pide es que no se limiten a señalar un acto, así sea la denuncia anónima, siempre y cuando cuente con un dato objetivo que permita a la Fiscalía, “jalar el hilo hacia adelante”.
Comentó que efectivamente, la Fiscalía está empezando a ver una respuesta ciudadana, aunque consideró oportuno hacer una distinción entre lo que es una denuncia anónima o la crítica en redes sociales.
“Cuando recibimos por alguna de estas vías, a veces se reciben denuncias anónimas que no aportan ninguna información, que solamente hablan de un señalamiento en general, lo mismo que una crítica en redes sociales, a veces estas críticas en redes sociales hablan de mucha corrupción en el municipio”, citó como ejemplo.
Refirió que en redes sociales o medios digitales hay denuncias de diferentes tipos, en las que se involucran a funcionarios públicos, pero en las que no se aporta información contundente o precisa, que le permita a la Fiscalía iniciar un proceso de investigación para aclarar los hechos.
“Sí estamos empezando a ver respuesta de la gente en ese sentido, ha sido muy gradual a lo largo de estos meses, se ha visto paso a paso, pero también poco a poco vemos que la gente empieza a confiar en estos canales de denuncia”, sostuvo Govea Orozco.
Pese a ello, expuso que el común denominador debe ser la denuncia formal, toda vez que ese es un punto de partida que válidamente permite a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción iniciar en los términos adecuados una investigación.
