Por Alfredo Guevara
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), ha trazado líneas o estrategias de operación para cuidar los aspectos formales y procesales, de manera que la prevalencia del debido proceso esté en primer orden para que luego no se alegue que se trata de persecuciones políticas.
Y es que, pareciera que la narrativa que está muy vigente en las últimas dos o tres semanas, es persecución política, especialmente de algunos personajes que se sienten aludidos o que saben que pueden tener responsabilidades con las investigaciones que realiza la Fiscalía, estableció Jesús Eduardo Govea Orozco, titular de la dependencia.
Expuso que el trabajo que realiza la Fiscalía va enfocado hacia las denuncias que en su momento presentaron cada titular de las dependencias estatales, derivado de presuntas irregularidades que cometieron en el ejercicio de sus funciones en la anterior administración estatal.
“Esto no obedece a una persecución política, y sí, el punto de partida son las denuncias de hechos que se han recibido aquí en la Fiscalía y que en otro tiempo pasado no tuvieron actividad alguna”, sostuvo Govea Orozco.
Y agregó, “entonces, no es válido asumir esa premisa de que ahorita se trata de una persecución política contra ex funcionarios estatales, cuando hace, porque esto viene de años atrás, es decir, esa inactividad, esa falta de sinergia, obviamente no podía producir otra cosa sino que la dinámica de las acciones sea la que estamos viendo hoy día”, precisó.
Que haya quienes lo tomen de otra manera, quizás eso atiende a los intereses de cada quien, pero lo que tiene que ver con la actividad de nosotros en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, va en función de eso, de lo que hay, es lo que nos motiva a proceder como la ley lo permite, precisó.
Aseguró que la Fiscalía mantendrá su ritmo de trabajo, emprendido desde octubre del 2024 a la fecha, en el que ha logrado judicializar carpetas de investigación que han derivado de la vinculación a proceso de varios ex servidores públicos, en mandamientos judiciales y sentencias contra los que no tenían atribuciones ni facultades de acuerdo a la ley, para la toma de decisiones.
Lo anterior, cuidando los aspectos formales y procesales, prevaleciendo en todo momento que el debido proceso esté en primer orden “para que luego no se alegue que se trata de persecuciones políticas”, sostuvo.