Por: Alfredo Guevara
Para proteger la integridad física de los maestros y del personal que labora en planteles escolares el grupo parlamentario de Morena en el Congreso presentó una iniciativa de reformas a la Constitución Política del Estado, Código Penal y Ley de Educación.
De acuerdo con la iniciativa presentada por la diputada Blanca Aurelia Anzaldúa Najera (Morena) los padres de familia serán corresponsables en los delitos de calumnias, difamación, agresión física, privación ilegal de la libertad y otros en los cuales pudiera incurrir los menores de edad hacia los maestros.
En la exposición de motivos denunció que los casos de agresiones en contra de maestros y trabajadores de la educación han aumentado de manera preocupante por lo cual es necesario aplicar sanciones y tomar medidas de prevención a efecto de proteger a los docentes y trabajadores en las escuelas.
Se hace hincapié en que el objetivo de las reformas a la Constitución, Código Penal y Ley de Educación es la protección explícita de la integridad y seguridad personal del personal docente, directivo y de apoyo educativo; crear obligaciones de corresponsabilidad de las familias y autoridades escolares; regular protocolos obligatorios de prevención, atención y protección; garantizar mecanismos de defensa legal, apoyo psicológico y reparación integral para el personal agredido.
A la ves que y tipificar agravantes y sanciones administrativas y penales específicas cuando la violencia, la difamación o la extorsión afecten al personal educativo, en aras de buscar la restauración de la autoridad y el respeto al trabajo docente y proteger el derecho a la educación de la comunidad escolar.
Destacó que Para nadie es omiso reconocer que la violencia en las escuelas no se limita a simples agresiones entre estudiantes, ya que se ha evidenciado y documentado un incremento de ataques, presiones, difamaciones y extorsiones contra el personal docente, lo que afecta su salud física y mental, deteriora el ambiente escolar y reduce la calidad educativa.
La acción legislativa busca realizar un reconocimiento constitucional expreso del derecho de las y los docentes a la seguridad e integridad en el ejercicio de sus funciones, así como establecer la corresponsabilidad de madres, padres y tutores para actuar con respeto hacia el personal educativo.
Al mismo tiempo, se plantea que la autoridad educativa estatal, en coordinación con instancias de seguridad, desarrolle protocolos de prevención, denuncia, atención y protección, acompañados de una atención integral a víctimas que contemplen defensa legal gratuita, acompañamiento psicológico y reparación del daño.
La diputada Anzaldua Najera insistió en su iniciativa sobre la implementación de medidas permitirá para fortalecer la seguridad y confianza del personal docente, reducir las agresiones, extorsiones y difamaciones en su contra, generar un mejor ambiente escolar que eleve la calidad educativa, así como dar cumplimiento a los compromisos internacionales en materia de derechos humanos y educación.
Así como también impulsar medidas preventivas escolares orientadas a la cultura de paz, la resolución pacífica de conflictos y protocolos de seguridad frente a riesgos como la portación de armas, retos virales o la presencia de grupos delictivos en entornos educativos.
En la adición al Código Penal se propone que cuando los delitos de lesiones, amenazas, privación ilegal de la libertad, extorsión o difamación se cometan en contra de maestras, maestros o personal educativo en el ejercicio de sus funciones, la pena aplicable se incrementará hasta en una mitad más en su mínimo y máximo.