Por Alfredo Guevara / Arnoldo García

Los 43 alcaldes, sus tesoreros, síndicos y quienes tienen a su cargo el manejo de los recursos públicos, están obligados a fortalecer la cultura y los resultados en materia de revisión de cuentas, transparencia y acceso a la información.

La idea es que todos ellos, prevengan omisiones o acciones que pueden poner en un hecho de conducta delictiva o en una presunta falta administrativa en el ejercicio de sus funciones como servidores públicos, estableció Norma Angélica Pedraza Melo, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Al participar en la Jornada de Profesionalización Municipal 2025, realizada en el puerto de Tampico, a la que asistieron alcaldes de la zona sur, destacó que este tipo de encuentros, promovidos por la Auditoría Superior del Estado (ASE), es una estrategia importante en materia preventiva.

Reveló que al inicio de la administración estatal, solamente el 50 por ciento de las entidades paraestatales cumplían en materia de transparencia, que ahora es el 85 por ciento del cumplimiento y que, si bien las secretarías cumplían el 70 se incrementó al 98 por ciento. 

“Esta Jornada de Profesionalización, es una estrategia preventiva, que permite conocer la información actualizada, el conocimiento, las prácticas que debemos estar haciendo en el momento de ejercer el presupuesto y de comprobar el gasto de acuerdo a la normatividad aplicable a lo autorizado, eso resulta fundamental para evitar omisiones o conductas delictivas”, indicó.

Al destacar el trabajo que realiza el titular de la Auditoría Superior, Francisco Noriega Orozco con los ayuntamientos y organismos descentralizados, Pedraza Melo dijo estar consciente de que hay municipios con limitaciones de infraestructura, para el cumplimiento de sus obligaciones en materia de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información.

Sin embargo, estableció que desde la Secretaría Anticorrupción, a través del programa desconcentrado, Transparencia para el Pueblo, habrá una cercanía y una comunicación, para asesorar, orientar y evitar omisiones o conductas delictivas en el ejercicio de la función pública.

“Eso significa que tenemos que estar capacitando permanentemente los cambios normativos, en las leyes, en los reglamentos, para ejercer el recurso de acuerdo a las normativas y evitar en el futuro cualquier situación”, concluyó.

CONTINÚAN INVESTIGANDO A MARIO GÓMEZ 

La secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno continua con su investigaciones en la secretaría de Educación sobre los delitos en que incurrió el exsecretario  Mario Gómez de peculado y ejercicio indebido de funciones al margen de que una juez haya dictado ya una sentencia condenatoria.

Norma Angélica Pedraza Melo, titular de la secretaría, indicó que personal de la Contraloría Interna de Educación así como de la secretaría continúan con la revisión de documentos sobre diversos trámites administrativos.

Este caso había sido ya turnado por la Contraloría Estatal al Tribunal de Justicia Administrativa al tratarse de una falta grave que requieren atención y resolución específica en ese ámbito como fue la inhabilitación del exfuncionario para desempeñar un cargo público.

Detalló que, tras el estudio correspondiente, el expediente será enviado al Tribunal de Justicia Administrativa para que se determine la sanción que corresponda. “En el mismo sentido se está avanzando con el estudio de esa presunta falta que nos dieron vista y se hará llegar al Tribunal de Justicia Administrativa porque se califica como falta grave la conducta”, precisó.

Comentó que se continua con la revisión de diversas denuncias presentadas a la secretaría así como sobre los informes de resultados de auditorias a cuentas públicas.

En tanto Mario Gómez continua con su proceso penal en libertad buscando su defensa anular la condena de 19 años de prisión que le fue impuesta.

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