Por Alfredo Guevara
Diez días hábiles otorgó la jueza Martha Patricia Rodríguez Salinas, para que las partes involucradas en el proceso que se sigue al ex titular de la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), Mario “G”, manifiesten sus inconformidades.
En la audiencia de este viernes, celebrada en la sala “D”, en el Tribunal de Enjuiciamiento Unitario, la jueza dio lectura y explicación de la sentencia para el ex funcionario estatal, de la anterior administración estatal, el cual no se presentó de manera presencial ni se observó vía zoom.
Con la lectura y explicación de la sentencia, la jueza cerró formalmente el proceso y otorgó el plazo de diez días hábiles para que las partes involucradas en el proceso contra Mario “G”, se inconformen o manifiesten lo que a derecho convenga.
Los abogados defensores del ex titular de la SET confirmaron que de acuerdo a lo que les faculta la ley, apelarán la sentencia dictada por la jueza contra Mario “G”, cuya condena es de 19 años de prisión, la inhabilitación para ocupar cargos públicos en un periodo de cuatro años y medio y el pago de más de ocho millones de pesos como reparación del daño.
Aunque con la audiencia de este viernes se cierra el proceso, vendrá el desarrollo de la cadena impugnativa, en donde la defensa del acusado adelantó que apelará la sentencia, buscando revertir el fallo y de ser posible, reducir los años de prisión, en tanto que Mario “G” se mantendrá en libertad.
Como se recordará, el ex titular de la SET enfrenta acusaciones por el presunto desvío de recursos mediante la firma de un convenio con la empresa Metlife S.A. de C.V., por un monto superior a los ocho millones de pesos.
La audiencia de este viernes duró escasos 20 minutos, tiempo en el que se entregó a las partes involucradas el acceso a medios electrónicos y copia certificada de la sentencia, como lo establece la ley.
Al cerrar el juicio oral en contra de Mario “G”, del Tribunal de Enjuiciamiento Unitario pasará al Supremo Tribunal de Justicia del Estado, donde se evaluará si el juicio y la sentencia cumplen con las garantías procesales, si se aplicó correctamente la ley, la actuación de la jueza, entre otros aspectos.
Dicha instancia, está en condiciones de confirmar, modificar e incluso, revocar la resolución impugnada.
Con esta diligencia, el juicio oral quedó definitivamente cerrado, pero la disputa legal continúa mientras la defensa busca revertir el fallo en instancias superiores. El ex funcionario permanece en libertad mientras se resuelven los recursos.
Por tanto ahora el caso pasa a la cancha del Supremo Tribunal de Justicia, quien evaluará si el juicio oral y la sentencia cumplieron las garantías procesales y aplicaron correctamente la ley; puede confirmar, modificar o revocar la resolución impugnada.