Por Alfredo Guevara
El ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, la que fuera titular de la Secretaría de Salud Gloria de Jesús Molina Gamboa, dos subsecretarios y quien fuera director de compras del Gobierno del Estado, aparecen como imputados en un quebranto de 343 millones de pesos, 221 de origen estatal y 122 federal.
De todos ellos, se cuenta con elementos para considerar que existía una red de complicidad al interior de la Secretaría de Salud, en la que durante el 2017 y 2018, se celebraron contratos de prestación de servicios a través de dos empresas vinculadas a los hermanos Carmona, convertidos en proveedores de mantenimiento a diversos hospitales de la entidad en la pasada administración estatal, expuso Iván Saldaña Magaña.
El apoderado legal de la Secretaría de Salud dijo que por ello se interpusieron 70 denuncias, de las cuales 14 corresponden al orden penal, en contra de ex funcionarios de esta dependencia y áreas de la estructura orgánica del Ejecutivo Estatal, incluyendo al ex gobernador Cabeza de Vaca.
Los presuntos delitos que se les imputa, tienen que ver con uso ilícito de atribuciones y facultades, y operaciones con recursos de procedencia ilícita, en donde se señalan a las empresas Permart y Grupo Industrial Joser S.A. de C.V., en las que aparecen como apoderados legales Julio César Carmona Angulo y Carlos Alejandro Romero Guerra, respectivamente.
El resultado de una exhaustiva investigación, ha revelado presuntas irregularidades y actos de corrupción cometidos en la pasada administración estatal, “no son errores administrativos, son inconsistencias que muestran un patrón de conducta”, citó.
En todos los casos, existen pagos por la Secretaría de Salud sin que conste en los expedientes de compras las invitaciones a por lo menos tres licitantes, como lo indica la Ley de Adquisiciones para el Estado de Tamaulipas.
De otros casos, no existen cotizaciones de otras empresas, realizando pagos sin que mediara de por medio una factura que amparara los servicios prestados por dichos proveedores, además de que no se acredita la condición de excepción de urgencia para haber realizado adjudicaciones directas.
Incluso, se presume la inexistencia de expedientes en el Comité de Compras de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado.
Explicó que las denuncias se presentan a poco más de dos años de iniciada esta administración, como resultado de que no existían documentos o información, ante la falta de un proceso de entrega – recepción transparente y apegado a los principios de legalidad.