Alfredo Guevara
Con nombre y apellido, se dieron a conocer los presuntos implicados en un quebranto al erario federal y estatal por más de 343 millones de pesos, en una serie de presuntas irregularidades cometidas en la Secretaría de Salud.
Entre los ex funcionarios, está imputado el ex gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, como también, la que fuera titular de la Secretaría de Salud GLORIA DE JESÚS MOLINA GAMBOA.
También van inmersos en las 70 denuncias, 14 de ellas de tipo penal, HORACIO GARCÍA ROJAS GUERRA quien se desempeñó como Subsecretario de Planeación y Vinculación Social y ALEJANDRO AGUILAR POEGNER en Administración y Finanzas, también de la Secretaría de Salud y ROMÁN CASTILLO AIROLA director de Compras del Gobierno del Estado.
De todos ellos, se cuenta con elementos para considerar que existía una red de complicidad al interior de la Secretaría de Salud, en la que durante el 2017 y 2018, se celebraron contratos de prestación de servicios a través de dos empresas vinculadas a los hermanos Carmona, según el apoderado legal de la Secretaría de Salud.
Y si, la duda impera ¿Porqué hasta ahora se hacen del conocimiento de estas denuncias?
Diremos que todo lo anterior proviene de un trabajo intenso de investigación, análisis y pruebas, para poder comprobar y sustentar cada una de las denuncias que en este caso, se presentaron por parte del apoderado legal de la Secretaría de Salud.
Aparte de ello, diremos que personas que de una u otra forma aparecen como presuntos involucrados, también participaron aportando pruebas y testimonios que sustentan las irregularidades cometidas, en el ejercicio de las funciones que como servidores públicos tenían, los que laboraron en Salud y otras áreas del Ejecutivo Estatal.
Desde luego que la cantidad de denuncias, incrementa la carga de trabajo del titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción JESÚS EDUARDO GOVEA OROZCO, del Auditor Superior del Estado FRANCISCO NORIEGA OROZCO, la titular de la Secretaría Anticorrupción NORMA ANGÉLICA PEDRAZA MELO y otras instancias.
Las que tienen que ver con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, no pasan de ser sanciones de tipo administrativo, hasta llegar a la inhabilitación para desempeñar cargos públicos.
Sin embargo, hay otras de tipo penal que pueden alcanzar penas, desde la reparación del daño, hasta ser privados de la libertad por espacio de varios años. Ojalá y estas nuevas denuncias no queden en eso. En fin.