Por Alfredo Guevara
La falta administrativa más común y menos sancionada en la administración pública es el conflicto de interés, el cual se define como la posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los servidores públicos en razones de intereses personales, familiares o de negocios.
El director de Investigación y Anticorrupción, Luis Osvaldo Soberón Mejía, diferenció el conflicto de interés y el nepotismo en la administración pública, toda vez que el favoritismo para contratar a alguien que sea familiar hasta cuarto grado, incurre en una falta grave de actuación por parte del servidor público, bajo conflicto de interés.
Al participar en la Jornada de Profesionalización Municipal en Materia de Rendición de Cuentas Públicas 2025, consideró que el conflicto de intereses se acentúa más en los ayuntamientos pequeños, donde todos son familiares, amigos y compadres de alguien, que pudiera no representar una falta administrativa grave.
“Lo que sí es una falta administrativa, es cuando a pesar de este conflicto de interés en el que estamos, actuamos en beneficio de alguna de las personas y para evitar este comportamiento, el artículo 58 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas nos da el procedimiento para evitar incurrir en esta falta”, indicó.
En la plática con alcaldes, tesoreros, síndicos y personal administrativo, abordó temas que tienen que ver con la ética pública, transparencia y sanciones para crear una nueva conciencia de los servidores públicos desde el conocimiento y la capacitación, con la finalidad de cumplir con sus funciones con responsabilidad como profesionalismo y evitar caer en actos de corrupción.
Reveló que la corrupción genera costos directos, por sobornos, dádivas, favores, regalos que se les da a los servidores públicos y desvíos de recursos, además de los indirectos que propician la disminución en la inversión, la desigualdad en la distribución de los presupuestos, la vulneración de la legitimidad de las actuaciones y un daño irreversible de la confianza en las instituciones públicas.
Tan solo en materia de sobornos, indicó que se vuelven un obstáculo económico, un detonante de injusticias estructurales que reduce la recaudación de impuestos y derechos, afectando directamente la calidad de vida de las poblaciones más vulnerables al disminuir la captación de recursos que se utilizarían para programas sociales.