Por Alfredo Guevara
El regreso de la confianza de la población hacia instancias como la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), se observa en las 800 quejas o denuncias que se han interpuesto en los poco más de dos años de la administración estatal, pero no representa ningún especie de rezago.
El titular de la Institución Jesús Eduardo Govea Orozco, estableció que en ese periodo se han recibido poco más de 800 denuncias, a las que si bien sólo se presentaban contra servidores públicos de las diferentes dependencias y entes de la administración estatal o municipal, también involucran a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y agentes de Tránsito y Vialidad.
Estableció que si bien la carga de trabajo en la Fiscalía se ha incrementado y por ende, necesita de personal especializado en la materia, se ha estado trabajando con lo que se dispone, en base a las denuncias que por años estuvieron prácticamente detenidas y las que últimamente se han presentado en lo que va de esta administración.
Citó que por lo menos 20 carpetas de investigación, relacionadas con la administración estatal, se han judicializado, algunas de ellas que tenían tiempo que no avanzaban por motivos que se desconoce, pero que han sido destrabadas para que sea la instancia judicial, la que determine imponer una sanción económica o penal, toda vez que involucran a un promedio de 15 ex servidores públicos.
“Lo hemos dicho en más de una ocasión, estamos hablando de ex titulares de algunas secretarías, de subsecretarios, directores de área que de cierta forma, son claves, entre estas, Obras Públicas, Bienestar Social y algunas más que no podemos mencionar para no violar el debido proceso”, señaló.
Reveló que en algunos casos, lejos de atender la exhortación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, no han acudido a comparecer, con el objeto de hacer algunas aclaraciones en torno al presunto manejo del recurso público por el que se interpuso la denuncia correspondiente.
Lo anterior, ameritó solicitar por lo menos 15 órdenes de aprehensión, que hasta el momento se mantienen vigentes, en espera de que se puedan ejecutar por las instancias correspondientes.
Govea Orozco confirmó que el trabajo en la Fiscalía ha sido intenso, pero también ordenado, sustanciado para que se pueda dar la judicialización de cada caso, y no permita que los presuntos culpables de un posible quebrando al erario público, alcancen la libertad.
“Son muchas horas de trabajo, pero se tiene que sacar adelante”, concluyó.