Por: Arnoldo García
La Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción demandó revisar el juicio de procedencia y actualizar el marco legal para enfrentar con mayor eficacia los delitos cometidos por servidores públicos.
Al participar en el foro “Avances y retos en la Procuración de Justicia en el Combate a la Corrupción”, el titular de la Fiscalía, Jesús Eduardo Govea Orozco sostuvo que la impunidad procesal se ha convertido en un obstáculo que fomenta la impunidad de servidores públicos que han incurrido en delitos.
Mientras ese trámite no sea claro, rápido y efectivo, seguiremos viendo cómo se escudan tras su cargo para evitar la justicia, comentó y subrayó: “la impunidad también se disfraza de impunidad”.
Reveló que por ahora la Fiscalía no tiene bajo investigación a servidores públicos los cuales cuenten con fuero.
Agregó que el juicio de procedencia, como está actualmente concebido, dificulta la actuación de la Fiscalía contra servidores públicos en funciones, aun cuando existen pruebas contundentes en su contra
Por otra parte, señaló la necesidad de fortalecer a la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica en investigaciones de corrupción ya que muchas veces particulares o empresas son cómplices de funcionarios corruptos y se benefician de ello. Por lo cual es necesario seguir la ruta del dinero o el delito queda a medias.
A la vez expuso la necesidad de establecer mecanismos que permitan asegurar cuentas y bienes desde el inicio de ls investigaciones, para evitar que los recursos desviados se pierdan o se oculten.
Recalcó: “No se trata sólo de cárcel, se trata también de resarcir el daño al erario”.
Por otra parte, Govea Orozco informó que la Fiscalía ha iniciado 790 carpetas de investigación, en las cuales se encuentran implicados 458 exservidores de la pasada administración quienes provocaron un daño patrimonial de más de 525 millones de pesos.
Hasta ahora se han obtenido 15 ordenes de aprehensión en contra de exfuncionarios.
Govea Orozco dio a conocer el aumento en las denuncias contra elementos de seguridad pública por abuso de autoridad, extorsión y presuntos vínculos con grupos delictivos.
A la vez anunció la instalación de buzones de denuncia