Por Alfredo Guevara
El Gobierno del Estado se reservó por el momento, el derecho a interponer una demanda contra el Grupo Empresarial Dalka S.A. de C.V. y quienes resulten responsables en materia penal, civil o administrativa, derivado las falsedades que se cometieron tras la recisión de un contrato, por no presentar las pólizas de garantía en tiempo.
Antes de ello, dará seguimiento al trabajo que realizan instancias como el Tribunal de Justicia Administrativa que en su última resolución genera la reposición de un procedimiento de cancelación o reposición de un contrato, además de investigaciones que determinarán, si las conductas cometidas constituyen un delito, confirmó Jorge Luis Beas, Subsecretario de Legalidad, en la Secretaría General de Gobierno.
Al sostener un encuentro con representantes de medios de comunicación, en sala de prensa de palacio de gobierno, estableció que bien la empresa Dalka resultó favorecida en un proceso de adquisición de despensas el 15 de marzo de 2023, no cumplió en los siguientes cinco días con presentar las pólizas de garantía de solvencia económica y por lo mismo se le rescindió el contrato, el 25 de abril, conforme a lo estipulado.
Agregó que la agencia afianzadora EB Y A, reveló que los trámites para obtener las fianzas iniciaron el tres de abril y no en marzo, como sostuvo en su demanda Dalka, además de que fueron gestionados por un tercero, Mario Montiel Mora, representante de otra empresa, Empacadora La Merced, S.A. de C.V.
“Lo anterior nos lleva a conclusiones claras; primero es falso que la empresa Dalka S.A. de C.V. hubiera presentado las pólizas el 15 de marzo como lo sostuvo en la demanda, es decir falso y es prueba contundente de que el día que se firmó el contrato no se exhibieron por la empresa, porque no existían, tenemos la afirmación probada de la empresa afianzadora que sostuvo ante una autoridad, como la Fiscalía Anticorrupción que esas fianzas se emitieron hasta el once de abril”, afirmó.
Dejó en claro que el gobierno del Estado mantendrá su compromiso con la legalidad, la transparencia y uso correcto de los recursos, sobre todo tratándose de proveedores, que en todo momento son vigilados bajo criterios estrictos y cualquier irregularidad, es canalizada ante instancias competentes.
Por consecuencia, el Estado seguirá los cauces legales y presentará las pruebas correspondientes para defender el interés público.