Por Alfredo Guevara

A la expectativa de lo que se hará contra ex alcaldes, presidentes municipales y servidores públicos del Estado como municipales que no han solventado observaciones de lo que erogaron en el ejercicio fiscal 2023, se mantendrá el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El presidente del Comité Directivo Estatal (CDE), del PRI, Bruno Díaz Lara, lo único que pidió, es que la Auditoria Superior del Estado (ASE), no se utilice para persecuciones políticas ni partidismos de ninguna índole como sucedió en el pasado y se actúe contra quien resulte responsable del manejo del recurso público.

De hecho, consideró que contra quienes pudieron tener un mal manejo del recurso estatal o municipal no debe haber “borrón y cuenta nueva”, sino que, por el contrario, “cuando se manejan recursos públicos, todo eso debe verse reflejado en beneficio de los ciudadanos y no debe haber impunidad para nadie”.

Señaló que el Revolucionario Institucional se mantendrá a la expectativa de la actuación que realice la Auditoría Superior, la Fiscalía General de Justicia o bien, la Especializada en Combate a la Corrupción, contra quienes tienen observaciones del gasto en el ejercicio fiscal 2023, del que hizo del conocimiento al Congreso local.

“Que la actuación sea apegada a la ley, que no se utilice a la Auditoría como a las Fiscalías para realizar persecuciones políticas o partidistas, porque hoy más que nunca, lo que se necesita es transparencia y algo de congruencia por parte del partido en el poder”, apunto.

Y es que, ahora con la desaparición de la estructura federal del Instituto de Transparencia y de Acceso a la Información, el ciudadano no tendrá manera de consultar sobre el manejo de los recursos públicos que ejercen los tres niveles de gobierno.

Díaz Lara consideró que “el que nada debe, nada teme”, aunque insistió en que el proceso que se siga contra quienes pudieron haber hecho un mal uso del recurso público, sea apegado a derecho.

Recordó que el recurso público, proviene del pago de impuestos de todas las personas y que por lo mismo, debe tener una correcta aplicación en el ejercicio de la función pública de los tres niveles de gobierno.

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